Urkullu se reunió con Rajoy para intentar allanar el desarme de ETA sin contrapartidas

Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy en uno de los pocos encuentros oficiales que mantuvieron en la pasada legislatura./
Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy en uno de los pocos encuentros oficiales que mantuvieron en la pasada legislatura.

El lehendakari acudió el martes a La Moncloa para informar al presidente de la inminente entrega de las armas y le pidió su mediación con el Gobierno francés

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

El desarme definitivo de ETA tiene ya una fecha: el próximo sábado 8 de abril. En apenas tres semanas la banda se habrá desprendido de todos sus zulos, tras cinco años de parálisis desde que hizo público el fin de la violencia. Y lo realizará de forma unilateral y sin exigir contrapatidas políticas. La clave de todos los movimientos que se den a partir de ahora es la cobertura legal de la operación, una delicada cuestión para la que, según ha podido saber este periódico, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se reunió el pasado martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa.

LA HOJA DE RUTA DE LA ENTREGA DE ARMAS

1 Listado de zulos. El 8 de abril, ETA hará llegar el listado de los zulos y su geolocalización a los miembros del grupo de Louhossoa. Estos se lo harán saber a la Comisión Internacional de Verificación (CIV), el grupo liderado por Ram Manikkalingam.
2 Entrega de los datos. El grupo de Louhossoa entregará a los verificadores el listado de los zulos en presencia de representantes de los gobiernos vasco y navarro y de la mancomunidad de Iparralde.
3 Traspaso a la Policía. Los integrantes del CIV harán entrega del listado a la Gendarmería francesa.
4 Desmantelamiento. La intención de la banda terrorista es que representantes de la sociedad civil estén presentes en el desmantelamiento de los zulos por parte de las fuerzas de seguridad.

La decisión de la banda fue anunciada ayer por el ecologista y sindicalista de ELA Txetx Etcheverry, quien en diciembre ya fue detenido en la localidad vascofrancesa de Louhossoa cuando pretendía, con otras cuatro personas, grabar un vídeo de la destrucción de un zulo de la organización. Etcheverry, en una entrevista al diario francés Le Monde, ofreció la fecha del 8 de abril como el momento clave del desarme y aseguró, sin entrar en detalles, que el peso de esta gestión recaerá en «la sociedad civil». La fórmula utilizada por la banda para dar a conocer su decisión resulta insólita. No ha habido ni vídeos ni comunicados ni pronunciamiento. Un militante de la izquierda radical vascofrancesa, sin ningún cargo, lo ha anunciado dentro de un reportaje sobre la situación de los zulos de ETA. Sin solemnidad ni liturgia.

El anuncio pone fin al laberinto en el que se estaba convirtiendo la entrega de las armas por parte de ETA. La organización, por un lado, ha tardado cinco años en interiorizar que no conseguiría contrapartidas políticas -principalmente, beneficios para los presos y sus huidos- ya que los gobiernos español y francés han mantenido de forma conjunta su política de firmeza ante la banda. En este tiempo, las distintas organizaciones que se han implicado en el desarme estaban comenzado a mostrar su hastío e incluso se estaban produciendo fricciones entre ellas por los distintos diagnósticos sobre la situación. Es en ese contexto en el que la banda decidió, tal y como anunció este periódico, llevar a cabo un desarme urgente y sin ninguna exigencia política. Su única prioridad era que no se visualizase como una rendición, en especial, cuando tanto las policías españolas como la francesa estaban centradas en localizar los depósitos de armas antes de que la oganización pudiera emplearlos en su escenificación. Y la fecha elegida, el 8 de abril, no es casual. Dos días después arranca la campaña de las elecciones francesas en las que se espera una victoria del centro derecha. Aunque con el actual gobierno socialista la banda no ha conseguido ningún avance, su análisis es que un Ejecutivo de otro signo le complicaría todavía más cualquier movimiento. Por ello, el desarme debía ser antes de que finalizase abril.

Garantías jurídicas

En ese contexto, uno de los principales obstáculos para que la entrega de armas culminase era la ausencia de garantía jurídica para quienes participasen en la entrega de las armas, lo que implicaba que serían detenidos o procesados si eran localizados por la policía durante las gestiones para deshacerse de las armas.

La clave, que no se destruyan las armas

La entrega de las armas por parte de ETA a la «sociedad civil» tiene un condicionante que se ha convertido en la piedra angular de todo el proceso. Si el arsenal es eliminado o convertido en chatarra, quien ampare esa acción habrá cometido un delito de destrucción de pruebas -en un momento en el que quedan 300 crímenes de la banda sin resolver-por lo que quien se haga cargo de ese arsenal podrá ser procesado. Según distintas fuentes, tanto ETA como los distintos colectivos implicados en esta operación ya han interiorizado que hay que entregar los depósitos sin manipularlos, de tal forma que las autoridades puedan investigar si se usaron en algún atentado. De tal forma que han diseñado un alambicado sistema para la entrega.

La clave del procedimiento es que ETA haga llegar a miembros del grupo Louhossoa las coordenadas geográficas de los zulos. Desde este grupo vascofrancés se enviarán los datos a la Comisión Internacional de Verificación y este comité será el encargado de trasladar la localización a las fuerzas de seguridad. En el proceso intervendrían también el Gobierno vasco, el navarro y la mancomunidad de municipios del País Vasco francés, un órgano de reciente creación, que podrían dar cobertura institucional a todos los ciudadanos que tomen parte. El miembro de Bake Bidea elegido como interlocutor, Txetx Etcheverry, ha asegurado que van a participar «cientos de ciudadanos e incluso cargos electos», aunque no ha explicado cómo sería su intervención.

La entrega de una lista con la geolocalización de los arsenales elimina la posibilidad de que se produzcan detenciones de las personas encargadas de recoger y entregar los zulos. Sin embargo, coloca en una situación complicada a quienes reciban la información, ya que su obligación legal es transmitirla a las autoridades de su país. En el caso español, la Audiencia Nacional o el Ministerio de Interior -los únicos dos organismos que tienen enlaces oficiales con las instituciones policiales y judiciales francesas- serían las encargadas de transmitir los datos si llegan a manos de una institución vasca o navarra.

La intervención del lehendakari se produjo en ese contexto, al ser consciente de que el último intento de la banda por deshacerse de sus armas -el protagonizado por cinco militantes de izquierda arrestados en el pueblo vascofrancés de Louhossoa el pasado diciembre- había paralizado cualquier otra iniciativa. Los detenidos, entre los que se encuentra el propio Etcheverry y a los que desde finales del año pasado se les conoce coloquialmente como los artesanos de la paz, también habían expresado las dificultades para avanzar en la entrega de las armas por la presión policial. Este colectivo permanece en contacto con otras instancias no oficiales como la Comisión Internacional de Verificación --creada con el fin de supervisar la destrucción de los arsenales-, que a su vez mantiene contactos con el Ejecutivo autónomo.

El lehendakari, al que le llegó información sobre la situación a través de los citados canales, envió el domingo un mensaje al presidente del Gobierno solicitándole una ita en el plazo de 48 horas. Quería transmitir en persona a Mariano Rajoy los datos con que contaba sobre el desarme y mostrarle sus inquietudes. El líder del PP le respondió al instante y cerraron un encuentro para la tarde del pasado martes en La Moncloa.

En esa reunión, el jefe del Ejecutivo autónomo trasladó la voluntad de ETA de entregar la localización de sus zulos -todos en suelo francés- sin exigir ninguna contrapartida a cambio. Este era uno de los requisitos que el Gabinete de Rajoy había expresado desde su llegada a La Moncloa a finales de 2011. Urkullu subrayó, no obstante, la preocupación existente entre los grupos ciudadanos de Iparralde por los riesgos legales que podían correr si se implicaban en este proceso de desarme. El lehendakari consideraba necesario transmitir esa información a las autoridades francesas.

Rajoy se comprometió a hacer llegar todos esos datos al Gobierno galo y quedó en volver a hablar con el lehendakari. El jueves, Rajoy telefoneó a Urkullu para comentarle que ya había comunicado la información a las autoridades galas. El Gobierno de París, de la mano del Ejecutivo español, sigue defendiendo criterios de legalidad para cualquier aspecto vinculado al desarme.

Para entonces, Txetx Etcheverry ya había declarado a Le Monde que el 8 de abril concluirá el desarme. La publicación de la fecha ha sido interpretada por distintas fuentes como un error del ecologista galo, ya que muchos flecos del procedimiento de entrega aún no han sido cerrados.

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