El Correo

La Hacienda catalana inicia una auditoría para demostrar la legalidad de sus datos

El president Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la consellera de Presidencia, Neus Munté.
El president Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la consellera de Presidencia, Neus Munté. / Efe
  • La portavoz del Govern Neus Munté insiste en la legalidad de «todos» los datos fiscales que tiene el Ejecutivo catalán

  • El secretario de Hacienda de la Generalitat asegura que tienen esos datos fiscales porque llevan «30 años cruzando información»

Un equipo de tres auditores de la Autoritat Catalana de Protecció de Dates inició el lunes de la semana pasada una auditoría para comprobar que toda la información que tiene la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se ajusta a la legalidad, ha anunciado este martes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

En un encuentro con prensa para explicar el despliegue de la Hacienda propia, ha explicado que el procedimiento tendrá un mes de duración y ha sido a petición de la Generalitat: "Si quiere que venga la Agencia Española de Protección de Datos y que nos audite, no tenemos nada que esconder".

Ha añadido que "no entra dentro del mundo real" que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales, ya que están brutalmente protegidos, en sus palabras, igual que los de la Generalitat, ha remachado, asegurando que el Ejecutivo catalán no ha hecho ni hará nada para lo que no tenga competencias.

Salvadó ha justificado la petición de la propia Generalitat de una auditoría como respuesta inmediata a la preocupación de la ATC al publicarse que hay uso fraudulento de datos fiscales -en referencia implícita a que el dimitido senador Santi Vidal aseguró que la Generalitat tiene ilegalmente todos los datos fiscales de los catalanes-.

Ha revelado que el mismo día en que se supieron las palabras de Vidal contactaron con la Autoritat Catalana de Protecció de Dades -la autoridad competente en Cataluña- para que inspeccionaran: "Para que pudiesen contrastar que todo lo que hacemos está dentro de la más absoluta legalidad".

"Estaremos encantados de poder mostrar lo que estamos haciendo, porque los principales perjudicados son los funcionarios de la ATC y no nos lo podemos permitir", y ha rechazado que se ponga en duda su profesionalidad.

El Govern insiste en la legalidad de los datos

Por su parte, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha insistido este martes en la legalidad de "todos" los datos fiscales que tiene el Ejecutivo catalán, después de que el exsenador de ERC Santi Vidal dijera que se han obtenido ilegalmente.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha asegurado que "no hay ninguna duda de que la Generalitat dispone de datos fiscales, como es lógico y necesario, y son los que corresponden a todos aquellos impuestos y figuras que gestiona de manera absolutamente legal" el Govern.

Asimismo, ha dicho que comparte "al 100%" las explicaciones que ya ha dado en los medios de comunicación y también dará en el Parlament sobre este asunto el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y ha defendido que el Govern no está haciendo campañas publicitarias sobre la Hacienda catalana y se limita a divulgar sus servicios para aproximarlos a los ciudadanos.

«30 años recopilando información»

El secretario de Hacienda también ha explicado que la ATC ha hecho "una limpieza a fondo" de la base de datos acumulada en 30 años de gestión de impuestos de su competencia, en la que ha detectado que casi la mitad de contribuyentes estaban duplicados, y sobraban más de la mitad de las direcciones registradas, por erróneas.

Así, la base de datos de la ATC ha pasado de 13,52 millones de personas físicas y jurídicas a 7,4, y las direcciones han caído de 35,22 millones a 16,4, unificando su denominación e incluyendo georreferenciación, mientras que, antes de la revisión, el 76% de los errores del programa G@audí de gestión tributaria de la Generalitat procedían de información externa errónea.

Salvadó ha explicado que el objetivo del Ejecutivo catalán es construir una gran Hacienda catalana y para eso quiere "agotar todas las competencias" de las que dispone, y ha sostenido que todo lo que hace es legal.

Juicio por el 9-N

Preguntado por el juicio por la consulta del 9-N contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, ha dicho que el Gobierno "continúa no entendiendo lo que significa Cataluña y su sentimiento de dignidad".

En ese sentido, ha asegurado que la judicialización de la política catalana refuerza las convicciones de los independentistas, y ha sostenido: "La sensación es que estamos en los años 60 o 50".

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