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Melchor Sáiz-Pardo
Lunes, 14 de noviembre 2016, 22:54
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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó anoche prisión incondicional por un delito de terrorismo para seis de las ocho personas detenidas por la Guardia Civil acusadas de agredir supuestamente a un teniente y un sargento del instituto armado y a sus parejas la madrugada del pasado 15 de octubre en Alsasua. La redada se produjo solo cuatro días después de que la magistrada reclamara para sí la investigación. Los arrestados fueron conducidos al tribunal de la calle Génova de Madrid, donde empezaron a comparecer a partir de la última hora de la tarde. Además de los seis jóvenes enviados a prisión, declararon otros cuatro, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer en los juzgados. Dos de ellos, que acudieron de forma voluntaria a prestar testimonio, serán sometidos mañana a una rueda de reconocimiento. Los últimos dos jóvenes identificados son menores de edad.
La denominada operación Ausiki (mordisco, dentellada en euskera) empezó de manera simultánea en Pamplona, Alsasua, Salvatierra, Vitoria y Madrid. Los agentes tenían órdenes de detener a nueve de los doce individuos identificados por la Jefatura de Información como participantes en la paliza en las inmediaciones del bar Koxka. Uno de los sospechosos no pudo ser arrestado por no encontrarse en su domicilio. De la docena de supuestos agresores, tres ya habían sido encausados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que en principio se había hecho cargo de las investigaciones, aunque solo por los delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.
La reforma del Código Penal (CP) endureció el año pasado las penas por delitos de terrorismo, cargo que atribuye la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a los supuestos agresores de los guardias civiles de Alsasua. Según el nuevo ordenamiento, los arrestados podrían enfrentarse a condenas de un mínimo de 12 años y medio de prisión y un máximo de 15. Ese es el castigo que se recoge en el artículo 573 del CP para los supuestos de «lesiones (leves) y coacciones» en el caso de que se realicen contra integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.
El pasado jueves la juez Lamela, en un auto en el que reclamaba al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona la causa que investiga la agresión, ya reveló que la Guardia Civil había identificado a doce personas por el ataque en el que participaron casi medio centenar de personas. Los doce sospechosos, según explicó la instructora, son miembros del Movimiento Ospa, cercano a la izquierda abertzale, responsable de la campaña Alde Hemendik contra las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de tres sospechosos -dos chicos y una chica- a los que la magistrada definía como «principales promotores de las movilizaciones anuales del Ospa Eguna» para exigir la salida de Navarra y el País Vasco del instituto armado. Junto a ellos habrían participado en la «agresión» y en los «insultos» otros nueve supuestos integrantes de la plataforma.
Los tres partidos que conforman el Gobierno de Navarra (Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra) coincidieron ayer en criticar la operación de la Guardia Civil que supuso el arresto de ocho personas por las agresiones de Alsasua -la decisión de enviarles a prisión no se comoció hasta última hora de la noche-. «Es innecesario y desproporcionado», lamentaron los respectivos portavoces tras asegurar que los detenidos ya habían acudido días atrás a los juzgados «voluntariamente» para prestar declaración.
La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo foral que lidera Uxue Barkos, María José Beaumont (Geroa Bai), fue la primera en mostrar sus discrepancias con los arrestos. «Es muy negativo, no hacía falta», explicó en una comparecencia ante los medios de comunicación. En la misma línea, el portavoz parlamentario de Izquierda-Ezkerra, la marca de IU en Navarra, José Miguel Nuin, expresó su «respeto» a los procedimientos judiciales, si bien advirtió de que en este caso ven «un despropósito» que se pueda calificar de violencia terrorista lo ocurrido. Por su parte, el líder de EH Bildu en la Cámara navarra, Adolfo Araiz, reprochó que la operación policial «no tiene ningún sentido» cuando los detenidos ya habían demostrado su voluntad de declarar. «Es una aberración jurídica y política», reprochó.
Un paso más allá fue Sortu, cuya portavoz, Amaia Izko, es precisamente la abogada de los ocho detenidos. Mediante un comunicado, la formación criticó los arrestos, que considera «consecuencia de la fabricación de un delito terrorista», tras reiterar que la agresión de Alsasua fue una «trifulca de bar».
La juez afirmó que los doce «conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que los agentes fueron insultados y golpeados». Para defender que se trataba de un delito de terrorismo, enmarcaba la paliza en la estrategia del movimiento Alde Hemendik.
«Claro ejemplo»
El Ministerio del Interior aseguró en una nota que la operación Ausiki es «una muestra del firme compromiso de la Guardia Civil para mantener los principios del Estado de Derecho».
Según el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, la redada es además «un claro ejemplo de que los autores de cualquier acción criminal serán investigados por la Guardia Civil hasta ser puestos a disposición judicial».
La Guardia Civil, en línea con los informes enviados a la Audiencia Nacional y que han hecho suyos la Fiscalía y la juez, apuntó que las agresiones del 15 de octubre se «enmarcan en la dinámica permanente Alde Hemendik creada por ETA y las ilegalizadas KAS y EKIN para exigir la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército del País Vasco y de Navarra». En el caso particular de Alsasua, detallan los atestados del instituto armado, el movimiento Alde Hemendik se desarrolla desde 2011 bajo la denominación Ospa Mugimendua, al que pertenecían o están supuestamente vinculados todos los arrestados en la jornada de ayer.
Según Lamela, los clectivos como Ospa «realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas -en la actualidad fundamentalmente Guardia Civil y sus familias- buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad». El auto apuntaba que Ospa y otros colectivos han protagonizado «actitudes provocadoras en manifestaciones, concentraciones, pintadas, pancartas, carteles, vídeos y redes sociales». Y, destacaba la juez, esas plataformas «actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai».
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