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Jorge Fernández Díaz.
Grabaciones y guerra civil en el Ministerio del Interior

Grabaciones y guerra civil en el Ministerio del Interior

La filtración de la charla entre Fernández y De Alfonso se produce en el momento álgido del ajuste de cuentas entre clanes de la Policía y el CNI

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de junio 2016, 00:44

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«Quizás la motivación última es política, pero aquí lo que se ventila es un ajuste del cuentas en el Ministerio del Interior». La misma frase, casi textual, la repiten tres de los altos mandos de las fuerzas de seguridad que mejor conocen la vida interna de la seguridad del Estado en los últimos 20 años. Todavía más curioso es que son de la misma opinión los agentes de la Policía Judicial a los que se ha encargado investigar la grabación y posterior filtración de la confabulación antiindependentista entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso.

«¿Cómo explicar que la recta final de la campaña electoral se haya visto sacudida por una guerra civil en el Cuerpo Nacional de Policía en la que se enfrentan clanes de la institución, servicios secretos, políticos, sindicatos e incluso periodistas?». Ese es el reto. No es fácil, cuando se tratan asuntos tan complejos y que involucran a instancias tan sensibles. Y, además, «no siempre se puede explicar todo».

Para tratar de entender lo que ocurre en Interior y por qué se han filtrado las conversaciones entre Fernández y De Alfonso, explican los veteranos del cuerpo, hay que ser consciente de que las refriegas en la Policía han llegado a extremos hasta ahora desconocidos; de que hay dos bandos; y de que los campos de batalla han sido ya el caso del 'pequeño Nicolás', el informe 'P.I.S.A' sobre Podemos, los informes apócrifos de la UDEF contra independentistas hace unos años e, incluso, los mensajes filtrados de la reina Letizia y su apoyo a un imputado por acoso.

En una de las trincheras está la parte más oficial o cercana al poder, que obviamente encabeza el propio ministro. En ese bando se sitúan algunos de los mandos más influyentes, pero también más cuestionados, de la Policía, como el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, al que los informes del caso del 'pequeño Nicolás' señalan como una de las personas que ha frenado la investigación sobre el polémico comisario José Manuel Villarejo, de servicios especiales.

Villarejo, involucrado en el sumario de Javier López Madrid, el amigo de los Reyes al que doña Letizia saluda con un «compi yogui» y que supuestamente acosó a una médico, es el policía que, junto a Enrique García Castaño, de los servicios antiterroristas, mantuvieron la entrevista con el expresidente madrileño Ignacio González, en la que, según el exgobernante, intentaron «chantajearle» para encubrir una investigación «ilegal» sobre el ático.

Ese bando se conoce como el «pequeño CNI», ya que con la llegada del PP al Gobierno se creó en la Policía la denominada Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación por iniciativa del director general, Ignacio Cosidó. Se trata de un órgano que debería dedicarse al análisis, pero que en realidad trabaja en labores muy parecidas a las del CNI. Este bando cuenta con el apoyo de algunos sindicatos policiales, a los que están afiliados los principales 'generales' de este ejército.

"Nada nuevo"

Al otro lado, la cabeza más visible es el exjefe de Asuntos Internos y aspirante a hacerse con el puesto del DAO, Marcelino Martín-Blas Aranda, excomisario de Asuntos Internos y enemigo a muerte de Villarejo y los suyos desde que en un informe suyo involucrara a Villarejo en los intentos del 'pequeño Nicolás' para comprar al empresario Javier de la Rosa datos contra el clan Pujol. Este segundo grupo tiene el respaldo, como el anterior, de sindicatos y periodistas, pero sobre todo del verdadero Centro Nacional de Inteligencia.

Hasta ahí la descripción muy somera, porque tiene muchas más aristas, del campo de batalla policial en el que se enmarca la filtración de la conversación entre Fernández y De Alfonso.

En realidad «no hay nada nuevo» en la conversación. Martín-Blas, hoy enfrentado a muerte con Interior, fue uno de los dos comisarios que el 29 de octubre de 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas, se desplazó a Barcelona para tratar de «convencer» a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled de que «resucitaran» la investigación del 'caso Palau' y reclamaran al juez el registro de la sede de Convergència. A esa reunión les acompañó el también comisario José Luis Olivera, otro de los hombres fuertes del ministro del Interior.

En aquel tiempo surgieron los informes apócrifos de la UDEF acusando a Artur Mas de tener cuentas en el extranjero. También sin paternidad conocida, aunque atribuido a la UDEF, fue el informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos a través de Venezuela o los intentos de involucrar al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trías con cuentas millonarias en otros países o de buscar las vueltas a la CUP con informes que nunca se llegaron a judicializar.

«En fin, un lío tremendo, pero que no es cuestión de detallar por teléfono», como explica uno de los caudillos de esta guerra policial.

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