El Gobierno ordena clasificar todas las causas penales antes del 6 de junio para evitar su archivo

Por este motivo, el ministro en funciones Rafael Catalá aseguró este jueves que ordenará por segunda vez a los actores involucrados en este conflicto, el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y los fiscales, que se pongan manos a la obra y antes del 6 de junio clasifiquen en sus juzgados los procesos penales en tramitación. Una medida obligatoria para evitar que miles de causas se vean abocadas a su archivo en cumplimiento de la reforma de la Lecrim, que limita el plazo de la instrucción a entre seis y 18 meses según sea "sencillo" o "complejo".

Se calcula que ya se han catalogado el 80% de los procedimientos penales en activo (sumarios, diligencias previas, juzgados de lo penal, jurado popular y violencia de género), pero faltan por clasificar el 20% y solo quedan 18 días para que se cumpla medio año desde que entró en vigor la modificación de la Lecrim. Si el 6 de junio no se cumple el trámite se procederá al archivo de las causas sin revisar. Precisamente, el temor de la Fiscalía es que no haya tiempo material para llevar a cabo este trámite, de ahí la reunión de urgencia que este jueves mantuvieron en la sede ministerial Rafael Catalá y la fiscal general Consuelo Madrigal.

Las cifra hablan por sí solas. En diciembre faltaban por catalogar unas 346.000 procesos penales. En los últimos meses ha habido bastantes avances, según Catalá, que aseguró que hay muchos partidos judiciales que han cumplido su trabajo al 100%, sobre todo los que tienen menos carga de trabajo y funcionan los sistemas telemáticos de notificación y el 'papel cero'. Sin embargo, el problema está en los juzgados de las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona o Málaga, donde quedan pendientes de revisar el 20% de las causas.

Cruzar datos

Para evitar que el barco no se hunda y el asunto no le explote al Gobierno en precampaña, el ministro mantuvo su absoluta confianza en que se van a cumplir los plazos. "No es un trabajo que requiera una gran complejidad jurídica, es una calificación sencilla. No existe ningún motivo que pueda llevar a pensar que no va a cumplir" con la ley, aseguró Catalá tras la reunión con la fiscal general, que declinó comparecer ante los medios de comunicación.

El ministro y su equipo pondrán en marcha un sistema de filtros desde este lunes para que los secretarios judiciales y los fiscales revisen antes del 6 de junio los procedimientos pendientes. A los primeros les va a ordenar que enumeren con exactitud las causas pendientes de catalogar y a los segundos que digan las que ya han clasificado. Con estos datos se podrá cruzar el trabajo ya hecho y tener una fotografía exacta y minuciosa del estado de la situación.

En la actualidad, el 70% de las causas penales son "sencillas" (su instrucción máxima es de seis meses) y el 30% "complejas" (el plazo de la investigación llega hasta los 18 meses, que se puede prorrogar en caso de necesidad). Para hacerse una idea todos los procedimientos penales abiertos en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional son denominados "complejos".