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Viernes, 13 de mayo 2016, 16:34
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El PP ha recordado hoy que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y que quien firma la sentencia contra Alfonso Alonso y Javier Maroto es una «consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU».
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones y actual presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de Partido Popular, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros, junto con el resto del equipo de Gobierno de Vitoria en 2007, por firmar ese año un alquiler gravoso para unas oficinas municipales.
En un comunicado, el PP de Álava anuncia que interpondrá un recurso al fallo, porque considera que no ha quedado acreditada la responsabilidad contable del equipo de gobierno municipal presidido entonces por el alcalde Alonso.
Ha recordado que no se trata de un caso en el ámbito penal, que "no existe ningún tipo de corrupción y que, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna".
Por último, recuerda que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Álava al no haber quedar acreditada "la existencia de ilícito penal alguno" y porque el "principio de unidad de actuación" del Ministerio Fiscal "exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos", en este caso el Tribunal de Cuentas.
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