Rajoy aprieta al Congreso para cerrar la legislatura en septiembre

El objetivo del jefe del Ejecutivo es que para el 21 de septiembre, la última semana de la campaña de las elecciones catalanas, si al final Artur Mas las convoca el 27 de ese mes, las Cortes hayan concluido todo el trabajo de la legislatura y tengan aprobadas las aproximadamente 38 leyes que ahora tienen en trámite y las al menos media docena que el Consejo de Ministros enviará en la primera quincena de mayo.

El presidente no tiene intención de adelantar las generales y realizarlas cuando tocan, a los cuatro años de las celebradas el 20 de noviembre de 2011. Con este calendario, el trabajo en las Cortes no se reanudaría tras las autonómicas catalanas. Eso evitaría al Gobierno tener que remitir al Parlamento un proyecto de Presupuestos del Estado de 2016 que no hay tiempo de aprobar, pero que por mandato constitucional debe llegar al Congreso antes del 1 de octubre si no se han disuelto las cámaras.

De ser este el plan que aún no ha desvelado Rajoy pero que en el PP dan por hecho, el 22 de noviembre es la fecha más lógica para las próximas generales. Permite convocarlas y disolver las cámaras el 28 de septiembre, un día después de los comicios catalanes y 54 días antes de las votaciones, según exige la ley. Otra posibilidad es el 29 de noviembre, pero en ese caso la convocatoria no se podría hacer hasta el 7 de octubre y obligaría a remitir el proyecto de cuentas para 2016 o a prorrogar las actuales.

Los dos instrumentos que el Ejecutivo y el PP usarán para completar un calendario legislativo tan exigente son la apertura de la Cortes varias semanas de julio y agosto, fuera del periodo ordinario que concluye en junio, y la generalización de la aprobación de leyes por la vía rápida eludiendo el debate y ratificación final en el pleno mediante la concesión a las comisiones la capacidad legislativa plena para aprobar las normas.

Saltarse el pleno

De hecho, el 76% de las 38 leyes que en este momento se tramitan en el Parlamento, tres de cada cuatro, ya se han aprobado o se van a aprobar en comisión ahorrándose el trámite más largo del pleno del Congreso. Este procedimiento está pensado para normas no muy complejas, pero ahora el Gobierno lo ha convertido en regla general. Prácticamente solo siguen el mecanismo ordinario las normas de carácter orgánico, las que desarrollan derechos fundamentales o puntos básicos de la Constitución, que tienen obligado su paso final por el pleno del Congreso.

De igual manera, la Moncloa, en coordinación con su grupo parlamentario, ultima la propuesta que va a hacer en los próximos días a los órganos de dirección del Congreso y del Senado para el funcionamiento extraordinario del Parlamento en los meses de julio y agosto. La idea inicial es que la Cámara baja trabaje en julio casi como un mes ordinario, con la celebración de dos plenos y reuniones en varias comisiones, y que la Cámara alta también pueda celebrar al menos un pleno, amén de los trabajos en comisión.

En agosto todavía no está claro que sea necesario convocar algún pleno extraordinario, pero no se descarta si se ve preciso. Lo que sí habrá es trabajo en comisiones. Bien para adelantar el debate de las enmiendas y de los dictámenes de las últimas leyes que se aprobarán en las tres semanas hábiles de septiembre, bien para dar luz verde a algunas normas ya completadas mediante la capacidad legislativa plena otorgada a estos órganos.

La suma de ambas fórmulas permitirá que el Congreso eleve a diez u once los plenos a celebrar hasta el final de legislatura, frente a los siete previstos, y, sobre todo, que se multipliquen las jornadas de trabajo y aprobaciones en comisión. Por si no fuera suficiente, algunos de los proyectos que han empezado a tramitarse lo hacen ya, además de por la vía rápida, por el procedimiento de urgencia.