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Pospuesta la declaración de la alcaldesa Castedo por el plan Rabasa

Sonia Castedo.
Sonia Castedo. / Efe
  • El juez aplaza las declaraciones de los imputados hasta la resolución del recurso presentado por el abogado de Ortiz y por otros dos del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área

El juez que investiga las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa ha pospuesto las declaraciones de las próximas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del resto de imputados hasta resolver el incidente de nulidad presentado por el constructor Enrique Ortiz.

El titular del juzgado de Instrucción número 6, el magistrado Juan Carlos Cerón, ha emitido una providencia con fecha de 6 de octubre, a la que ha tenido acceso EFE, por la que aplaza las declaraciones de los imputados hasta la resolución del recurso presentado por el abogado de Ortiz y por otros dos del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.

Ante la decisión cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.

Además, el magistrado ha determinado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto al antecesor de Castedo en la alcaldía alicantina, el también popular Luis Díaz Alperi, y a la ex secretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña.

El juez ha considerado que el informe policial en torno a un viaje de Díaz Alperi a Oporto (Portugal) para una reunión con los responsables de Ikea, multinacional que tiene previsto abrir una macrotienda en el entorno del plan Rabasa, no concreta "indicio alguno" de posible delito del exalcalde.

El juzgado número 6 instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.

Se trata de una de las piezas separadas del caso Brugal, y el pasado 17 de septiembre el magistrado citó a ocho personas para declarar como imputados, entre ellos Castedo (27 de noviembre), Díaz Alperi y Ortiz, éste último como empresario supuestamente beneficiado por las ilegalidades.

Se da la circunstancia de que la alcaldesa popular ya figuraba como imputada en otra de las ramas del Brugal, que investiga el juzgado de Instrucción número 5, la relativa al presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del mismo empresario: Enrique Ortiz.

La investigación sobre Rabasa se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.