El Correo

La ONU culpa a España de violar la ley al no evaluar el riesgo de tortura en la extradición de un detenido a Marruecos

Protestas por la extradición de Ali Aarrass.
Protestas por la extradición de Ali Aarrass. / Abdelhak Senna (Afp)
  • El caso se remonta a noviembre de 2010, cuando Ali Aarrass, un ciudadano belga marroquí acusado de delitos de terrorismo, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su inminente expulsión

España violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es parte, al extraditar a Marruecos a un sospechoso de terrorismo a pesar de la posibilidad fehaciente de que esa persona fuera torturada, según una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU .

Esa misma resolución estima que España incumplió sus obligaciones respecto al Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar al sujeto a pesar de que el Comité había solicitado expresamente que dicha decisión se paralizara mientras se estudiaba el caso.

La decisión, de la que informó ayer en Melilla el abogado del extraditado, el ciudadano belga marroquí Ali Aarrass, fue tomada por el Comité el pasado 21 de julio y comunicada a las partes el 28 de agosto.

El caso

El caso se remonta al 25 de noviembre de 2010, cuando Ali Aarrass presentó una queja ante el Comité por su inminente extradición desde España a Marruecos, donde era requerido por supuesta vinculación en actos de terrorismo.

Ese mismo día la relatora especial del Comité solicitó la adopción de medidas provisionales y pidió a España que no extraditara a Aarrass mientras el comité examinaba su caso. No obstante esta petición expresa, Aarrass fue extraditado a Marruecos el 21 de diciembre de ese mismo año.

"Después de habérsele notificado la comunicación, el Estado parte incumplió las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo al extraditar al autor antes de que el Comité pudiese concluir su consideración y examen, y formular y comunicar el dictamen", reza la resolución del Comité.

Los miembros del Comité recuerdan la importancia de las medidas cautelares porque éstas permiten la protección de los derechos fundamentales. "La inobservancia de ese artículo, en particular mediante la adopción de medidas irreversibles, como en el presente caso la extradición del autor, socava la protección de los derechos reconocidos en el Pacto que ofrece el Protocolo Facultativo", dice el comité.

El 13 de marzo de 2008 el Tribunal de Apelaciones de Rabat emitió una orden internacional de captura contra Aarrass en el marco de un proceso penal denominado 'caso Belliraj' por los delitos de preparación y perpetración de acciones terroristas.

España cumplió esa orden internacional, lo arrestó el 1 de abril del 2008 y lo mantuvo en prisión preventiva hasta que lo extraditó. Durante el tiempo que transcurrió entre la detención y la extradición, Aarrass apeló su arresto en varias instancias nacionales e internacionales pero todas fueron desestimadas.

Aarrass argumentaba que había pruebas fehacientes de que si era extraditado sería torturado, pero la Audiencia Nacional no lo entendió así, desestimó el recurso y el Consejo de Ministros aprobó su extradición el 19 de noviembre del 2010.

Ante esta condena, España debe compensar a Aarrass e informar al Comité en un plazo de 180 días sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen.