El PP pide más medios para mejorar la protección de los menores tutelados y para que los centros «no estallen»

En su propuesta, instará a las Juntas a crear un órgano de coordinación en el que participen las diputaciones, el Gobierno vasco a través de representantes de Justicia, Seguridad y Educación, la Fiscalía de menores, representantes municipales y de los servicios sociales de base, con el objeto de ofrecer una respuesta eficaz e integral. «Cada administración tiene sus propias competencias y va a su aire», expuso.

El PP también pedirá modificar el protocolo de ausencias no autorizadas, que entró en vigor en noviembre tras aprobarse en 2009 y que establece la obligación de avisar a la Ertzaintza 24 horas después de la desaparición de un menor y una comisión de seguimiento anual. «En la actualidad, solo hay obligación de que su comisión de seguimiento se reúna cada año. Pensamos que debería reunirse una vez cada tres meses», expuso.

Además, el PP también exigirá el incremento de los medios materiales y humanos para disponer de los ratios de personal necesarios y las suficientes plazas y centros de acogida. «No es de recibo que solo haya tres educadores por cada 100 menores a la noche», aseguró. «Hay que evitar que sean polvorines por su sobresaturación y puedan estallar». Ruiz ha destacado que el centro de Loiu, para 60 plazas, acogía el pasado año a 99 menores, y que el de Amorebieta, en el que un menor provocó un incendio en diciembre de 2017, tenía acogidos a 84, más del doble de las 40 plazas para las que está pensado.

El juntero de remarcó el «desfase» entre el incremento presupuestario en la atención de menores y el número de chavales atendidos. El presupuesto para la atención de la infancia y la adolescencia es de 11,2 millones de euros en 2018, un 11 % más que los 10 millones del año 2015, mientras que el número de menores bajo la tutela y guarda de la institución foral ha pasado de 897 en 2015 a 1.660 en el presente año, un 85% más. Además, Ruiz pedirá a la Diputación que de cuenta de forma semestral de las evaluaciones realizadas y que remita un informe anual elaborado por la comisión de seguimiento del Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.