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Jueves, 1 de marzo 2018, 00:53
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La reunión convocada ayer por las cinco asociaciones vecinales más activas de Bilbao con ediles de todos los partidos políticos con representación municipal dejó claro que el Ayuntamiento dará prioridad «sin duda» y sin ningún tipo de fisuras al derecho al descanso vecinal sobre el ocio, aunque todas las formaciones resaltaron la contribución de la hostelería al desarrollo económico local con la creación de 31.000 empleos. Tanto el PNV y PSE como los representantes de la oposición -EH Bildu, PP, UdalBerri y Goazen- coincidieron en descartar la creación de ‘botellódromos’ para atajar el consumo de bebidas alcohólicas en las calles -«solo serviría para trasladar el problema, pero nunca eliminarlo»- y mostraron su disposición a «revisar» cuantas normativas sean necesarias para erradicar los «comportamientos incívicos» que amenazan la convivencia en las inmediaciones de bares y discotecas.
La peatonalización impulsada por la Corporación y la instalación de terrazas evidenciaron las diferencias más notables que, hoy por hoy, separan a los partidos del gobierno y de la oposición. Si para los primeros «pueden suponer», siempre que se concreten con rigor, «un valor» para mejorar la calidad de vida ciudadana y «una oportunidad» para el impulso de los negocios, para los segundos son los «causantes» de muchos de los problemas que padece Bilbao. Consideran que la invasión del espacio público solo beneficia a los hosteleros en detrimento de los vecinos.
«Las terrazas proliferan como champiñones y están absolutamente descontroladas, por lo que el Ayuntamiento debe poner orden», urgió Samir Lahdou, portavoz de Goazen. «Nadie quiere una ciudad muerta, pero tampoco un ocio que se cargue el bienestar ciudadano. La situación insostenible de Abando se dilata en el tiempo y exige medidas preventivas, no represivas», aconsejó Carmen Muñoz, concejal de UdalBerri. «Indautxu y Abando se han convertido en la ‘zona cero’ de los comportamientos incívicos y en un punto negro de la inseguridad. El Consistorio tiene herramientas para resolver este conflicto. Hace falta que aplique las ordenanzas», sugirió el líder del PP, Luis Eguiluz. Aitziber Ibaibarriaga, de EH Bildu, achacó el «descontrol» reinante en la hostelería al «alto aforo» de algunos locales y la «excesiva concentración» de licencias en determinadas zonas. «Solicitamos en 2012 una moratoria y ahora es muy difícil revertir esta situación, pero hay que intentarlo», subrayó.
La socialista y delegada de Medio Ambiente, Inés Ibáñez de Maeztu, que acudió finalmente en vez de un asesor del equipo de Alfonso Gil, rechazó que los barrios con más ambiente de la capital vizcaína sean «parques temáticos de la diversión» y abogó por «un equilibrio global». «En cualquier ciudad viva y dinámica -explicó el primer teniente de alcalde, el peneuvista Ricardo Barkala- hay problemas. Bilbao también los tiene, pero ninguna ciudad ha encontrado soluciones efectivas para atajar el problema del botellón. La solución pasa por una combinación policial, normativa y educativa, pero las terrazas están bien organizadas en Bilbao», sentenció Barkala.
La ampliación horaria de la que se beneficiarán numerosos locales en los próximos meses, coincidiendo con la celebración de grandes eventos internacionales, elevó el descontento vecinal. «Tampoco hay que repudiar a la hostelería. Tienen familias detrás», argumentó UdalBerri. «En algún momento puntual, quizá sí haga falta, pero son excesivos los horarios de que ya disponen», remarcó Eguiluz.
Barkala cerró el debate con una intervención que encendió los ánimos de algunos asistentes al abordar la «persecución» del ocio nocturno: «Los horarios son competencia del Gobierno vasco, pero lo que no vamos a mandar nunca es un ejército de policías a un bar porque sirva una consumición fuera de su local a las diez y cinco de la noche».
Dos referencias
PNV y PSE defendieron que cualquier proceso de peatonalización que se lleve a cabo en Iparraguire debe pasar por el «consenso» vecinal. «Supondrá la conquista del espacio público para las personas», apoyó Ibáñez de Maeztu.
El PP descartó extender el aparcamiento a Alameda Recalde, pero juzgó escasas la plazas en superficie -4.095- existentes en el distrito 6.
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