El Tribunal Superior de Justicia asegura que la consulta suspendida en Basauri era legal

El alcalde, Andoni Busquet, vota en la consulta de 2017, en la que tuvieron que pedir autorización al Estado./MANU CECILIO
El alcalde, Andoni Busquet, vota en la consulta de 2017, en la que tuvieron que pedir autorización al Estado. / MANU CECILIO

La sentencia revoca un fallo anterior y da la razón al Ayuntamiento, que tuvo que cancelar el referéndum de 2016, recurrido por la Abogacía del Estado

LEIRE PÉREZBASAURI

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Basauri sobre la legalidad de la primera convocatoria de consulta ciudadana sobre el Plan Especial de Renovación Urbana (PERU) de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, un referéndum que pretendía celebrar el Consistorio el 25 de septiembre de 2016, coincidiendo con las elecciones autonómicas. El TSJPV ha estimado el recurso interpuesto contra la decisión de un juzgado de suspender la cita con las urnas, ha revocado la sentencia favorable a la Abogacía del Estado y ha desestimado el recurso de la Administración estatal.

En opinión del equipo de gobierno, la sentencia refuerza la autonomía municipal en una cuestión de calado, sobre la cual no existían precedentes en Euskadi y con la que, según los servicios jurídicos municipales, «el Ayuntamiento de Basauri ha sentado precedente al respecto». El alcalde, Andoni Busquet, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial porque «siempre hemos mantenido que la consulta que suspendieron estaba plenamente amparada por el marco normativo vigente, la legislación autonómica, no colisionaba con competencias estatales, por eso decidimos continuar con el proceso judicial defendiendo la autonomía municipal y recurrimos, y los tribunales nos han dado la razón avalando la forma de proceder del Ayuntamiento».

En julio de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Basauri acordó convocar una consulta ciudadana abierta sobre el plan de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe conforme al procedimiento establecido en el art. 82 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), que no requería autorización del Estado. Dicha consulta no pudo celebrarse en la fecha prevista al ser impugnada por la Administración del Estado, que solicitó la suspensión cautelar, petición que le fue concedida por un juzgado.

Esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Basauri pero, dado que el recurso de apelación municipal no producía efectos suspensivos, el equipo de gobierno decidió acatar la decisión impugnada y planteó nuevamente la realización de la consulta ciudadana previa solicitud de autorización al Gobierno del Estado, cita que tuvo lugar el 17 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, el Ejecutivo local mantuvo el pleito principal. El julio de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Bilbao estimó el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, anulando la convocatoria de consulta de 2016. Entonces el Consistorio recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco argumentando que, al amparo del art. 82 LILE, se podía aprobar la celebración de consultas ciudadanas abiertas sin precisar, en todo caso, recabar la previa autorización del Consejo de Ministros. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, o incluso ante una sala especial del propio TSJPV.

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