Una empresa resucita la construcción de VPO en un solar municipal de San Miguel de Basauri

El solar ha salido a la venta por 1,4 millones de euros, pero la empresa no lo adquirirá de forma definitiva hasta que se asegure que tendrá compradores para los pisos, menos que los 55 previstos inicialmente pero de mayor tamaño. Todas las viviendas que se levanten serán calificadas bajo el régimen de protección oficial y las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos fijados por el Gobierno vasco.

Gesarqus se quiere curar en salud ante esta operación y evitar que la promoción se convierta en un fiasco, puesto que este terreno no ha resultado atractivo en ninguna de las dos licitaciones puestas en marcha por el Consistorio. De hecho, la institución local ofertó esta parcela hace tres años por un millón de euros y, aunque en un primer momento se adjudicó, la empresa que iba a impulsar la construcción de pisos protegidos descartó la idea alegando la inviabilidad de la actuación por la crisis. El Ejecutivo local modificó el año pasado el planeamiento de la zona precisamente para hacerla más atractiva. Incorporó, en ese sentido, un solar anexo, el de la Casa de los maestros, para que los promotores interesados tuviesen mayor edificabilidad y les saliera la inversión más rentable. Así, se permitió que el futuro edificio, que se erigirá en una parcela de casi dos hectáreas, disponga de otros 414 metros cuadrados y de una planta más.

Gastos de urbanización

Los beneficios que aportará la venta del solar a la institución local facilitarán hacer frente a los gastos que está ocasionando la urbanización del entorno, donde se han construido en los últimos años 75 pisos protegidos dentro de las promociones Viviendas de Basauri y Terrazas de San Miguel, desarrolladas también por Gesarqus.

La zona residencial se completará con un edificio de 36 viviendas dotacionales para jóvenes basauritarras en la trasera de la Taberna Mayor. En este último edificio, cuatro de los pisos se los reservará el Ayuntamiento para necesidades sociales municipales y personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o afectadas por actuaciones urbanísticas, entre otros.