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L. PÉREZ
Jueves, 2 de febrero 2017, 23:42
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El concejal no adscrito, Sergio Recio, ha solicitado al Ejecutivo local de Basauri que «cumpla» la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 dio la razón al Ayuntamiento y detectó «graves irregularidades urbanísticas», fallo que abrió la posibilidad al derribo de 35 viviendas ocupadas sin cédula de habitabilidad en Kanda Landaburu. El edil independiente ha pedido a los responsables municipales que «ejecuten la sentencia, que todavía no ha prescrito y que lo hará el próximo 12 de marzo».
«El plazo de prescripción es de cinco años y si el equipo de gobierno no actúa puede incurrir en un delito. Tienen que hacer como se ha hecho en muchos municipios de la vecina Cantabria, el Ayuntamiento tiene una manera de buscar la compensación por los abusos y daños causados», afirmó Recio. Los responsables municipales explicaron en el pleno del mes de diciembre que su intención era «regularizar» la promoción de viviendas, fuera de ordenación desde hace más de una década, en la renovación del Plan General de Ordenación Urbana. «No se puede mantener en el tiempo porque ha prescrito la posibilidad de hacer ejecutar el fallo», explicó entonces el mandatario local.
No es la primera vez, en todo caso, que los responsables municipales avanzan su intención de legalizar estos pisos. En la pasada legislatura, PSE y PP se mostraron en contra de hacerlo a coste cero. La exalcaldesa Loly de Juan solicitó «un millón de euros» a cambio del exceso de construcción para «resarcir el interés general», aunque la promotora se negó porque defendió que había pagado el exceso cometido en «la licencia de obras».
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