«Nos estamos muriendo de viejos sin que se haga justicia con nuestras casas»

Pero no se rinden. Por eso ayer dos centenares de ellos protagonizaron su enésima protesta con una caravana en autobuses desde Argoños al Parlamento de Cantabria, en Santander. Allí exigieron que se cumpla la declaración aprobada por unanimidad en esta misma cámara hace justo un año para darles una solución definitiva antes de que acabe esta legislatura. No quieren que la agonía se prolongue «ni un día más».

«La verdad es que, después de tanto tiempo, ya no nos queda ni una visión clara de las cosas y somos escépticos ante todo lo que nos dicen, pero vamos a darlo todo una vez más para hacernos oír», asegura. Y se lo dicen a todos: a los ayuntamientos, al Gobierno y a los jueces, los últimos en pasar a la acción. Después de que el Supremo fallase que los derribos no pueden seguir demorándose más tiempo, con la excusa institucional de falta de dinero para pagar las indemnizaciones. Exige que se tiren las casas con todas las garantías legales de que sus propietarios serán indemnizados. Orden del Alto Tribunal que ha acatado el Superior de Justicia de la comunidad al dar a los ayuntamiento y al propio Gobierno regional 30 días para presentar sus calendarios de demoliciones, plazo que se agota a principios de junio.

Este nuevo revés ha hecho mella en los ya agotados propietarios. Ayer las pancartas insistían en la legalización como la «solución», pero otros mensajes incidían en su cansancio y hartazgo: 'Más de 20 años maltratados, ¡No hay derecho! Sólo queremos vivir en paz'. «Es que en realidad ya nos da igual lo que hagan, pero que hagan algo de una vez por todas», confiesa Vilela. Siempre han luchado por la legalización, pero les vale «cualquiera» de las tres soluciones legales que con su presión estos años han arrancado a las instituciones: la regularización urbanística de las viviendas, el realojo en otros inmuebles totalmente legales o una indemnización equivalente al valor actual de la propiedad a derribar.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, asegura estar del lado de las familias y haber asumido su responsabilidad en lo ocurrido. Pero también que espera que al final la piqueta no tenga que tirar las viviendas. «Llevamos años trabajando en la modificación de los planes urbanísticos afectados para darles encaje legal: en Arnuero ya está garantizado que se construirán viviendas en otra zona del municipio, y los cambios en Argoños y Piélagos pueden estar aprobados antes de fin de año», remarca el director general de Urbanismo del Ejecutivo regional, Francisco González.

El responsable autonómico asegura que acatará la orden judicial y que se harán los calendarios de derribo solicitados, pero insiste en pedir «un último gesto» a la Justicia con las instituciones cántabras. «Aunque los ayuntamientos corran, la tramitación de los derribos llevará meses y se podría dar la circunstancia de tirar casas que apenas semanas después serían totalmente legales», asegura. Así lo cree también el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, que recuerda que su Ayuntamiento no está en condiciones de afrontar 250 indemnizaciones. «Si ya hemos tardado 21 años en arreglar esto, bien podemos esperar un poco más para dejarlo todo bien atado y de la mejor forma para todos», concluye.