Huelga de la OTA: sólo 259 multas por casos «flagrantes» en tres semanas

«La gente ha sido muy respetuosa. Hemos identificado pocos 'coches lapa', es decir aquellos que se asientan permanentemente en una plaza de aparcamiento, y solo hemos penalizado los incumplimientos claramente flagrantes como éstos», ha reconocido el político socialista.

Según los datos facilitados en la comisión, y como ya adelantó este periódico, la recaudación fue cayendo a medida que pasaban los días. Del 1 a 7 de enero se ingresaron 45.576 euros; del 8-14, 29.768; y del 15 al 20, 17.624. Una caída abismal si se compara con los 200.000 euros que facturaban semanalmente a las arcas públicas antes de comenzar la huelga que se mantiene tras la fallida reunión de este viernes entre la empresa y los sindicatos pese a la mediación de la delegación de Trabajo del Gobierno vasco.

La venta de tiques en parquímetros también ha descendido abruptamente desde que el pasado 2 de enero los vigilantes de este servicio público decidieron comenzar un parón indefinido para protestar contra el despido de siete compañeros. Durante los últimos 24 días, la aplicación de móvil se ha vuelto el principal sustento del servicio, ascendiendo hasta 9.108 operaciones en la tercera semana, cifra residual si se compara con la venta de los parquímetros en condiciones idóneas.

El portavoz de Goazen, Samir Lahdou, ha cuestionado la funcionalidad del servicio alegando a la buena circulación de la ciudad. «Uno puede pensar que es meramente recaudatoria». Una acusación que el equipo de Gobierno ha rechazado rotundamente. «Quien sufraga el servicio es quien paga por él. El Ayuntamiento en ningún caso quiere montar un negocio, sino fomentar la movilidad. Uno de los principales objetivos de la OTA es persuadir el uso del coche privado dentro de la ciudad». Todos los grupos políticos ha coincidido en apoyar este modelo y condenar los sabotajes a los parquímetros. También han mostrado su apoyo al concejal socialista después de que el alcalde de Bilbao denunciara un escrache cometido contra Alfonso Gil.

Gil no ha querido detallar cuál es su papel en la resolución del conflicto, sugiriendo un «trabajo discreto» que en ningún momento puede ser de «mediación». También ha denunciado la vandalización de los parquímetros de la Villa, cuyos daños superaban los 300.000 euros según la empresa, y ha asegurado que no habrá «impunidad» para los responsables. Udalberri le ha criticado el hecho de dar prioridad a los actos vandálicos frente «al despido de siete trabajadores, algunos de los cuales se han quedado en la calle con más de 50 años y tenían hijos». «Siete despedidos son siete dramas. Pero yo no puedo actuar de juez en este conflicto», ha respondido el socialista.

Lahdou ha insistido en que los trabajadores «solo quieren mantener su convenio» y que todas las opciones que ofrece la empresa concesionaria implican precarización. Según los huelguistas, «el 12% de subida del sueldo que se ofreció en un primer momento quedaría neutralizado con las 50.000 horas acumuladas que se ahorran del calendario laboral a costa de todos los trabajadores».Mientras los políticos discutían en la comisión, los vigilantes y la UTE acudían a una reunión en Vitoria, donde la Delegación de Trabajo del Gobierno vasco tratará de mediar en el conflicto. El concejal de Movilidad ha evitado posicionarse y únicamente ha indicado que las sanciones acumuladas por la empresa hasta la fecha ascienden a los 254.500 euros.