La mayoría de las infracciones en la residencias son por atar a los mayores sin permiso

La mayoría de las infracciones en la residencias son por atar a los mayores sin permiso
E.C.

La Diputación, que el pasado año inspeccionó 265 centros, advierte que para inmovilizar a los usuarios también hace fata prescripción médica

IZASKUN ERRAZTI

Las inspecciones de oficio que la Diputación llevó a cabo el pasado año sacaron a la luz 73 irregularidades, 65 de las cuales correspondieron a residencias y 8 a centros de día. En ambos casos, las anomalías observadas se referían a un mismo procedimiento: la aplicación de sujeciones a los residentes sin el consentimiento informado de la familia ni prescripción médica, dos requisitos que se deben cumplir siempre, según subrayó ayer ante las Juntas Generales la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles.

La responsable nacionalista desgranó a petición de EH Bildu los detalles de la memoria de 2016, confeccionada en base a los datos aportados por los inspectores forales después de girar visita a 265 centros: 149 residencias, 52 centros de día, 57 viviendas comunitarias y 7 apartamentos tutelados. Los técnicos realizaron, además, otras once inspecciones -el mismo número que un año antes- que acabaron con la apertura de nueve expedientes por diversas vulneraciones a personas mayores. La ley de Servicios Sociales del año 2008 contempla para estos casos multas de hasta 12.000 euros (falta leve), 60.000 (grave) y hasta 600.000 (muy grave) e incluso inhabilitaciones.

LOS DATOS

Inspecciones por denuncia.
Los técnicos forales realizaron once el pasado año, diez en residencias y una en una vivienda comunitaria.
Las sanciones.
La ley de Servicios Sociales de 2008 contempla para estos casos multas de hasta 12.000 euros (falta leve), 60.000 (grave) y hasta 600.000 (muy grave), e incluso inhabilitaciones.

«Parámetros de calidad»

Las anomalías registradas se produjeron en 48 centros de la red foral, 21 de los cuales son residencias, «bastantes menos que en 2015, que fueron 32», apuntó Sánchez Robles. Pero el incremento de las irregularidades fue más acusado en las viviendas comunitarias, donde el número de centros infractores pasó de 12 en 2015 a 22 y se contabilizaron 26 anomalías, siendo también las más numerosas las relacionadas con la sujeción de los usuarios.

«Todos los expedientes de inspección se han cerrado tras verificar que las deficiencias se han subsanado» isabel sánchez robles

«Todos los expedientes de inspección se han cerrado tras verificar que las deficiencias se han subsanado», apuntó la diputada, quien destacó la ausencia de casos en los equipamientos para mujeres víctimas de violencia machista. La responsable foral no quiso «caer en la autocomplacencia», pero puso en valor una red asistencial que «avanza en parámetros de calidad. La inspección es y seguirá siendo la herramienta fundamental», defendió. De hecho, el plan foral establece controles a los centros como mínimo una vez al año. «En 20016 se inspeccionaron todos al menos en una ocasión».

El caso de la señora que se quedó sin panteón

El caso de doña Carmen, la mujer que murió en abril de 2015 en la Residencia Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de los Desamparados de Carranza, fue ayer motivo de debate en las Juntas. Podemos reclamó a la diputada de Acción Social explicaciones sobre la gestión del centro con el que la institución foral mantiene plazas concertadas. Todo por la investigación que la Fiscalía mantiene abierta para esclarecer si el presidente del geriátrico desvió a otros fines los 9.000 euros que la interna le había entregado para financiar su tumba.

Los grupos de la oposición consideraron que la Diputación «tendrá algo que decir al respecto», pero Isabel Sánchez Robles quiso dejar muy claras sus competencias. «Esta diputada no tiene potestad para intervenir en todo lo que se le ocurra ni mucho menos en la gestión económica de una entidad privada con forma de fundación. No me voy a meter donde no me llaman», advirtió sin contemplaciones.

La responsable foral aseguró que la residencia de Carranza cumple los requisitos que marcan los pliegos, la solvencia técnica y económica, «como queda acreditado en el expediente», e insistió en que la misión de su departamento es «velar por la calidad asistencial». Incluso fue más allá en su respuesta a los grupos de la oposición. «En su discurso me piden que prevarique, y no lo pienso hacer. ¿Quién soy yo para abrir una investigación?», zanjó.

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