Portugalete, a la espera de «un acuerdo amistoso» con los okupas de la Casa Iza

Uno de los balcones de la Casa Iza. / E. P.

El alcalde, Mikel Torres, advirtió ayer del peligro que conlleva pasar la noche en una vivienda con unas condiciones de habitabilidad «nulas»

E. PÉREZ PORTUGALETE.

Los okupas de la Casa Iza se mantienen en sus trece de quedarse en su nueva residencia. A pesar de que el Ayuntamiento de Portugalete ya ha presentado una denuncia por «ocupación ilegal» del inmueble, propiedad de las sociedad municipal Surposa, estos inquilinos se niegan a salir. Se trata de tres jóvenes de Cantabria y Pontevedra, informan fuentes municipales, que accedieron al edificio forzando la entrada y rompiendo el candado.

El bloque de la calle Víctor Txabarri, que se encuentra a las puertas de un proceso de rehabilitación, «tiene unas condiciones de habitabilidad nulas. Es un peligro para su integridad permanecer entre esas paredes», advirtió ayer Mikel Torres, alcalde del municipio. Además, desde el Consistorio valoran la posibilidad de que estos individuos hayan sido «mal asesorados», puesto que aseguran que desconocían que la estructura fuese de propiedad municipal.

Estas viviendas, al igual que el resto que se están reformando en el Casco Histórico, tienen ya concedida la licencia de obra. De hecho, la semana pasada se produjeron las primeras visitas de las empresas interesadas en costear los trabajos a través del concurso público promovido por Surposa. Por su parte, Torres aseguró que va a hablar personalmente con los okupas «para tratar de alcanzar un acuerdo sin tener que llegar a agotar todos los trámites judiciales, que implicarían un coste económico inasumible para sus bolsillos».

Medidas legales

Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana, Gorka Echave, recordó ayer la acusación de Portugalujo Despierta sobre la existencia de una trama de favores entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento a cuenta de una multa. Durante su intervención aprovechó para reprocharles «el descrédito y el daño hechos a los funcionarios públicos». Echave aseguró también que está valorando «medidas legales contra esas calumnias a título personal».

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