Una nueva sentencia condena a Barakaldo a pagar otros 400.000 euros por el proyecto Ansio-Ibarreta

El TSJPV da la razón a una promotora privada en la liquidación del plan de reparcelación de los terrenos ubicados entre la rotonda del BEC y el complejo Megapark

SILVIA OSORIO BARAKALDO.

La transformación urbanística de Ansio le está saliendo cara al Ayuntamiento de Barakaldo. La Justicia ha vuelto a fallar en contra del Consistorio fabril por la operación de cirugía urbana denominada Ansio-Ibarreta, que facilitó hace más de una década promociones de vivienda privadas y de protección oficial entre la rotonda del BEC y Megapark. Un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una sentencia condenatoria por las gestiones realizadas para pagar los costes del proyecto, que contemplaba transformar unos terrenos que eran meras huertas en nuevos edificios de viviendas ubicados en las calles Avenida de Euskadi y Resurrección María de Azkue.

Según informó ayer el concejal de Urbanismo, Jon Andoni Uria, una nueva sentencia le reconoce a la promotora Viviendas de Vizcaya más de 3,3 millones de euros en la liquidación definitiva del proyecto de reparcelación de este solar. Así, el Ayuntamiento de Barakaldo tendrá que abonar un total de 380.915 euros, de los que 279.121,78 corresponden a dicha mercantil y otros 101.783,68 se deben abonar en concepto de intereses calculados desde el año 2008.

8
millones de euros es el coste de las sentencias condenatorias de la anterior etapa socialista, según los cálculos del PNV

Esta cantidad se suma a los 2,4 millones de euros que el Consistorio vizcaíno fue condenado a pagar en marzo de 2016 tras perder otra batalla judicial, en esta ocasión referente a los costes de las expropiaciones que fueron necesarias para hacer realidad el proyecto. Dicho auto era firme y el Ayuntamiento se quedó solo a la hora de afrontar las indemnizaciones que el juez fijó en 2,4 millones de euros, un 800% más que los 256.000 euros que pretendía el Consistorio fabril.

En marzo de 2016 otra sentencia obligó al Ayuntamiento a costear las expropiaciones

En esta ocasión, la sentencia se puede recurrir, pero el equipo de gobierno se encuentra valorando qué opción tomar. «Hemos pedido opinión a la asesoría jurídica, pero solo por estadísticas, las perspectivas ante un recurso cuando hay un pronunciamiento contrario suelen ser complicadas», admitió el edil jeltzale.

Críticas a la gestión socialista

El PNV cargó duramente contra el anterior gobierno socialista por la «nefasta gestión» en materia urbanística con procedimientos judiciales que acumulan sentencias contrarias. «El sector de Ansio-Ibarreta es uno de los más complejos que existen en este Ayuntamiento ya que los tribunales han ido determinando que las decisiones tomadas por el anterior equipo de gobierno no fueron correctas, generando una oleada de juicios y sentencias que a día de hoy continuamos pagando».

Uria cuantificó en «8 millones de euros» el coste de las sentencias que se han tenido que abonar desde 2015, cuando llegó al cargo Amaia del Campo. «Hemos estado conteniendo el gasto para poder prever el pago de sentencias relativas al SAD, a Arcona Ibérica, el garaje de la Herriko Plaza, los intereses por la compra de la Finca Munoa...». Desde el PSE lamentaron que el equipo de gobierno siga «mintiendo». Según señalan, la sentencia del TSJPV anula un decreto de la alcaldesa. «Una vez más se tergiversan los datos», sostiene. Sin embargo, la formación jeltzale explicó que se trató de un procedimiento para dar cumplimiento a una sentencia anterior.

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