La alcaldesa de Barakaldo, trabajadores y familiares exigen cambios en la Fundación Miranda

Horarios incompatibles, subida de tarifas y falta de enfermeros son algunas de las denuncias. / S.LL.
Horarios incompatibles, subida de tarifas y falta de enfermeros son algunas de las denuncias. / S.LL.

Amaia del Campo reclamó ayer un nuevo Plan de Viabilidad al entender que se está incumpliendo el mandato de atender a las personas mayores con recursos limitados

SERGIO LLAMAS BARAKALDO.

Trabajadores, familiares de usuarios y la alcaldesa, Amaia del Campo, criticaron ayer el rumbo tomado por la residencia de mayores que gestiona la Fundación Miranda en Barakaldo. A mediodía, los sindicatos ELA, SATSE y CC OO protagonizaron una protesta a las puertas del centro junto a la plataforma Babestu Miranda, creada el pasado año por varios familiares tras una fuerte subida de las tarifas.

La regidora municipal se mostró contraria al Plan de Viabilidad que la Fundación aprobó en enero. Del Campo, que es uno de los 15 miembros que conforma el patronato, votó en contra junto a otros cuatro representantes al entender que el proyecto «evidenciaba que se está incumpliendo el mandato fundacional de don Antonio Miranda de atender a las personas con limitados recursos». Según criticó, no comparte las propuestas de la gerencia «ya que únicamente se planteaba una reducción de costes que debía ser soportada sobre parte de la plantilla a través de propuesta de despidos».

Esta semana, el protectorado de Fundaciones del Gobierno vasco ha solicitado más información a la Fundación Miranda, ya que la documentación presentada por sí sola no acredita que se esté cumpliendo dicho mandato. La alcaldesa, que en abril se reunió con representantes del Obispado, del que depende la presidencia del patronato, les enviará un nuevo escrito pidiendo que tome cartas en el asunto. Además, ha solicitado una reunión extraordinaria para exigir responsabilidades, elaborar un nuevo Plan de Viabilidad y desarrollar una propuesta de reforma de los estatutos adaptada a la nueva Ley de Fundaciones de 2016. El último intento no salió adelante al ser necesarios, al menos, tres cuartas partes de los votos favorables.

Las quejas de los trabajadores fueron hacia el polémico despido de una doctora y una gerocultora, y hacia las dificultades de la plantilla para conciliar su vida laboral y familiar con «hasta más de 30 horarios distintos a jornada partida y jornadas de nueve horas», denunció la representante de ELA, Elena Lejonagoitia, que señaló que hay varias denuncias interpuestas.

Reparto de medicinas

En la gerencia apuntaron a excedencias por la OPE de Osakidetza como posible motivo para esta última queja y recordaron que el convenio de los 59 trabajadores más antiguos complica la asignación de los turnos, ya que recoge libranzas varias tardes y fines de semana. Subrayaron que se han contratado a más de 120 personas en los últimos años y negaron que se haya hablado de despidos. En cambio, habrían planteado la negociación sindical.

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