La decisión sobre qué hacer con el edificio quemado en Sestao se tomará a partir de junio

Ayer, en una de las operaciones que entra dentro de estas labores, se retiraron sobre las diez de la mañana «algunos elementos sueltos de la última planta que podían suponer un peligro por su inestabilidad», informó uno de los trabajadores de la empresa Petralanda, compañía responsable del plan del desescombro. Con motivo de ello, la carretera adyacente a la calle Maestro José estuvo cortada durante algo más de 30 minutos. El objetivo era «evitar que algún cascote pudiera impactar con algún vehículo».

Una vez terminado todo el proceso del desescombro, el arquitecto contratado por la comunidad de vecinos pondrá a disposición de los técnicos municipales la documentación pertinente, en la que dará cuenta de los daños de la estructura. La decisión final de derribar o no el bloque se tomará al alimón entre estas dos partes. De la resolución definitiva se empezarán a conocer los gastos que van a tener que acometer los afectados, quienes tendrán que llevar a cabo numerosas reuniones con sus compañías aseguradoras para acordar cómo financian la obra.

21 familias realojadas

Mientras tanto, algunos afectados siguen rehaciendo sus vidas en los pisos facilitados por el servicio público de Alokabide. Tal y como se conoció hace ya un mes, quedarán exentos del pago del alquiler los primeros meses de la estancia: seis para los propietarios, tres para los alquilados. Solo tendrán que abonar la luz y el agua. Hasta la fecha, son 21 las familias la que han recibido las llaves de sus nuevos hogares en los barrios bilbaínos de Miribilla y La Peña, Sestao, Santurtzi, Retuerto y Portugalete. Para finalizar esta fase, solo quedaría «una remesa de 13 o 14 unidades convivenciales, porque hay algunos inquilinos que han decidido buscar domicilio por su cuenta», explicaron fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Sestao se ha gastado tras el siniestro unos 250.000 euros en manutención, hospedaje, lavandería y necesidades básicas. Las reuniones entre el Consistorio, el Gobierno vasco y la comunidad vecinal siguen siendo fluidas y periódicas, siempre con el fin de que todas las llaves estén entregadas en un plazo que podría rondar los diez días.