Vecinos de Mungia rechazan una condena a abonar 1,6 millones por reurbanizar su propio barrio

Dos residentes en el barrio Larrabizker de Mungia, foco del conflicto vecinal con el Ayuntamiento de la localidad. / E. Molano

59 familias de Larrabizker sostienen que no pagarán por unos servicios de los que ya disponen, en un litigio que el Tribunal Superior resolverá en 2018

EVA MOLANO

Los vecinos del barrio de Larrabizker, una zona de caseríos y chalés a pocos minutos del corazón de Mungia, tienen «hipotecadas» sus vidas. Sobre sus viviendas, algunas de las cuales tienen más de medio siglo, pesa ahora una carga de miles de euros. Venderlas se ha convertido en una utopía, pero vivir en ellas es «angustioso», ya que un conflicto urbanístico con el Ayuntamiento les obliga a pagar 1,6 millones de euros por reurbanizar su barrio. A no ser que un dictamen judicial lo cambie.

De momento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite su recurso a una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao, que desestimó su demanda contra el Consistorio, que interpusieron como Larrabizker Elkartea Afectados PAU; una agrupación constituida por 35 de las 59 familias a quienes se obliga a pagar por la reforma urbana del barrio a cambio de ganar cierta edificabilidad y renovar servicios de los que ya disponen en algunos casos, como alumbrado y viales. Ahora mism, están condenados a desembolsar el millón y medio de euros, pese a que ya sufragaron obras en el barrio en otras dos ocasiones. La resolución del Tribunal Superior, la definitiva, se dictará a principios de 2018.

Este cauce se suma a la demanda que ante otro juzgado han interpuesto cuatro de las familias que forman el colectivo, cuyo juicio está aplazado hasta que el Superior arroje luz sobre el asunto. La asociación, finalmente, está pendiente de un acuerdo con el Consistorio, pero las negociaciones con el alcalde, Ager Izagirre, están paralizadas hasta que finalice el proceso judicial.

«Gato por liebre»

El conflicto se remonta a años atrás. Larrabizker, una zona de carácter eminentemente rural, acogió las primeras viviendas del barrio hace más de medio siglo. Algunas eran de protección oficial. El resto fueron levantándose a base de licencias que otorgaba el Consistorio. Hace más de 20 años, la zona pasó a ser considerada suelo urbano, lo que permitiría introducir algunos servicios y, por ejemplo, que los propietarios pudieran construir nuevas edificaciones, tal y como algunos demandaban. En aquel momento, según los residentes, el Consistorio les indicó que deberían compartir los costes de la reordenación, aunque «nunca superaría los 3.000 euros» por persona.

Pasado el tiempo, el texto refundido del proyecto de reparcelación, conocido como PAU y que se aprobó el 13 de octubre de 2014, les incluyó dentro del plan urbanístico y los arquitectos municipales fijaron que deberían pagar un 11,5% del total de gastos de reurbanización. En la práctica, aquellos que poseen más terreno deben asumir mayores costes, a cambio de poder construir otra vivienda en su parcela o ampliar la suya, pero los vecinos no quieren hacerlo «a ese precio. Es hundirnos en la ruina». En el proyecto de reparcelación se fijó que la cantidad a abonar entre los 59 sería de 1,55 millones, más las cesiones y el 15% de los derechos que corresponden a los suelos «urbanos no consolidados».

Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento les ha dado «gato por liebre». Según su versión, les «degradó» urbanísticamente sin el proceso administrativo previo que exige la ley porque los propietarios de suelos urbanos no consolidados sí deben hacer frente a las cargas. «Para que paguemos a escote junto con el resto que quieren construir nos hacen urbanos no consolidados. Una verdadera jugarreta», señalan. «Parece que seamos chabolistas, cuando las casas llevan décadas aquí, con todos los servicios», se queja Jon Elguezabal, uno de los 59 afectados.

Los vecinos también alertan de que si el Superior ratifica la sentencia del juzgado de primera instancia será «un bombazo». Esta resolución avala la actuación del Ayuntamiento porque «las edificaciones en el ámbito urbano de Larrabizker se han llevado a cabo sin proyecto de urbanización que contemple las infraestructuras necesarias ni instrumento de ejecución», reprocha el fallo judicial.

«¿Y cuántos barrios de esta antiguedad hay en Euskadi? Muchos. Esto implica que un ayuntamiento puede declarar no consolidado un suelo de la noche a la mañana para que sus dueños paguen su urbanización. El derecho a la propiedad, tal y como lo conocemos, deja de existir», lamentan los vecinos.

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Dos residentes en el barrio Larrabizker de Mungia, foco del conflicto vecinal con el Ayuntamiento de la localidad. :: e. molano

============VO.IN02 TIT (34) (25865477)============

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