Sancionado con 10.000 euros por ofertar su VPO en Sopela como piso turístico

Pisos de protección oficial en Sopela. /Pedro Urresti
Pisos de protección oficial en Sopela. / Pedro Urresti

El Departamento de Vivienda podría multarle con otros 40.000 euros por no haber ocupado el apartamento y por ponerlo en alquiler

ELCORREO.COM

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha informado este lunes de que su Departamento ha ordenado el cese de actividad de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) de Sopela que se ofertaba en el portal web Airbnb como apartamento turístico, y ha iniciado un expediente sancionador de 10.000 euros por no figurar en el registro obligatorio del Gobierno vasco. El propietario, además, podría ser multado con otros 40.000 euros por parte del Departamento de Vivienda.

Retortillo, que presentaba en Vitoria unas jornadas sobre Ecoturismo, ha explicado que su Consejería recibió una consulta del Departamento de Vivienda entre octubre y noviembre sobre un apartamento en Sopela, denunciado de forma anónima por un vecino. Construido en régimen de cooperativa en el sector de Abaro, junto a la carretera que conduce a Plentzia y muy bien ubicada para acceder a los arenales, se ofertaba en internet por 40 euros la noche.

Al detectar que no estaba inscrito en el Registro obligatorio del Gobierno vasco, Turismo dio la orden de cese de actividad e inició un expediente sancionador de 10.000 euros. Además, al propietario podría ser multado por el Departamento de Vivienda con hasta 40.000 euros por otras dos infracciones: la primera, no haber vivido nunca este apartamento cuyas llaves se entregaron en 2016; la segunda, haberla puesto en alquiler.

«Especialmente grave»

Retortillo ha señalado que considera «grave» que no se cumpla con la ley «para obtener un rendimiento económico sin declarar esta actividad», pero considera «especialmente grave, desde un punto de vista ético y moral, el dedicar una Vivienda de Protección Oficial a esta actividad».

No obstante, ha aclarado que Turismo no establece un «control específico» sobre las VPO, sino que son controladas por el Departamento de Vivienda y que las sanciones que puede imponer cada consejería son «independientes».

En el registro de viviendas de uso turístico del Gobierno vasco figuran en la actualidad alrededor de 2.000 alojamientos. Esta cifra, sin embargo, «no deja de moverse», ha asegurado Retortillo, ya que gracias a los convenios firmados con los ayuntamientos de las tres capitales vascas y con Eudel se está «sacando» del mismo a las viviendas que no cumplen las normativas municipales y se está «incrementando la presión sobre quienes no seguían el control».

1.354 sanciones en Euskadi

El de Sopela es uno de los 2.248 expedientes de investigación que ha abierto el Departamento de Vivienda desde 2004, año en el que inició su andadura el servicio de inspección. De ellos, 1.354 casos se han resuelto con la imposición de una sanción económica. En total el Gobierno vasco ha ingresado por esta vía 2,9 millones de euros. El importe medio de las multas aplicadas ha sido de 2.182 euros por infractor.

Tres son los motivos que concentran la totalidad de las investigaciones: que los propietarios de la VPO no la hayan ocupado nunca, que no vivan en ella de forma permanente y que la alquilen. El primero de los escenarios suma el grueso de las sanciones impuestas con 612 casos, por 342 el segundo y 261 dueños multados al ofrecer sus pisos protegidos para su arrendamiento.

Álava es con 923 el territorio que reúne mayor número de expedientes sancionadores abiertos –no todos acaban en multa–, seguido de Bizkaia (792) y Gipuzkoa (533). Desde el Gobierno vasco explican que esta situación se debe a que, aunque Álava es la provincia menos poblada, es en la que más VPO se ha edificado debido a la mayor disponibilidad de suelo. Por contra, Bizkaia es, con 1,3 millones, donde más se ha recaudado por las multas al detectarse un mayor número de infracciones graves.

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