Una familia reclama 2,6 millones a Plentzia tras anularse su plan para construir

Obtuvieron en 1979 una licencia para levantar una docena de viviendas, locales y garajes que fue cancelada

VIRGINIA URIETA PLENTZIA.

El pleno que celebra hoy el Ayuntamiento de Plentzia se enfrenta a una decisión trascendental. El orden del día incluye la votación del expediente de reclamación de una familia que exige al Ayuntamiento 2,6 millones de indemnización en concepto de los daños económicos sufridos por un plan urbanístico que iban a desarrollar en la villa marinera y que finalmente, fue cancelado por las instituciones. El asunto es tan delicado que los partidos municipales han declinado avanzar el sentido de su votación, que se hará pública hoy durante la sesión plenaria, si es que la votación no se aplaza. Y es que en algunos casos, deben consensuarlo en asamblea y en otros, están a la espera de lo que proponga el propio regidor, David Crestelo, para posicionarse en uno u otro sentido. Tampoco el alcalde ha accedido a ofrecer información sobre el caso hasta entonces por «respeto» a la familia reclamante y a su problemática.

De ser aceptada su demanda, la cantidad exigida podría poner en riesgo la tesorería municipal, pues supone aproximidamente la mitad del presupuesto con el que cuentan las arcas municipales para un solo año. De rechazarla los partidos municipales, la reclamación podría ser encauzada a través de la justicia ordinaria. Entonces, dependería de los propios tribunales determinar, en un proceso que se antoja largo, las responsabilidades económicas del Ayuntamiento para con esta familia, si las hubiera. La reclamación fue presentada el pasado 11 de mayo, y responde al pago de los daños y prejuicios generados por la cancelación de una licencia de edificación que el Consistorio aprobó en 1979 y que, «por diversas razones», no se materializó.

Motivos «ajenos»

Según fuentes municipales, los afectados obtuvieron el permiso municipal para construir en una zona determinada de la villa doce viviendas, locales y garajes, pero éste quedó en suspenso por «avatares urbanísticos muy diversos que llevaron a su cancelación, entre los que se encuentran el planeamiento que la Diputación estaba llevando a cabo en esa zona para la ejecución de un proyecto de un Puerto Deportivo que no salió adelante». Según indican las mismas fuentes, la familia del afectado reclama ahora la suma de 2.687.534 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la no edificación en esa zona a pesar de la concesión de la licencia. Señalan que, a pesar de todo, el proyecto no salió adelante «por motivos ajenos al Ayuntamiento».

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