Ana y Luisma conquistan el derecho a casarse

Ana y Luisma posan, junto a la obra de Oteiza, tras la boda en el Ayuntamiento de Bilbao./Ainhoa Rincón
Ana y Luisma posan, junto a la obra de Oteiza, tras la boda en el Ayuntamiento de Bilbao. / Ainhoa Rincón

Dos personas con discapacidad intelectual contraen matrimonio al lograr el permiso del juez, tras años de lucha

Marta Fdez. Vallejo
MARTA FDEZ. VALLEJO

Ana y Luisma son un matrimonio feliz. Casarse para ellos era mucho más complicado que para cualquier otra pareja. Un reto. Los dos tienen una discapacidad intelectual y están tutelados por la Fundación vizcaína Futubide. Las decisiones importantes que toman en su vida deben contar con el visto bueno de un juez. Han peleado durante años hasta lograr que les autoricen a formalizar legalmente su relación y por eso vivieron la boda con una alegría desbordante, como una victoria. Han accedido a sacar a la luz su historia de amor -se casaron hace cinco meses- porque se han convertido en un ejemplo de cómo estas personas están logrando poco a poco que se les reconozcan más derechos, arrebatados un día por su incapacitación jurídica, como el de votar, independizarse o casarse.

«Me vestí de novia, de blanco, me casó el alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao. ¡Fue una boda muy bonita y como yo quería!», cuenta Ana -su situación jurídica de discapacidad obliga a ocultar sus apellidos y dar mayor protección a sus datos personales-. La pareja es feliz recordando la ceremonia, el banquete, la tarta, «lo bien que lo pasamos bailando hasta muy tarde» y el viaje de novios a Canarias. «Ana no ha quitado la sonrisa de la cara desde que se casó», comenta la profesional de Futubide que actúa como tutora y que les acompañó en su luna de miel. «Llevábamos cinco años queriendo celebrar la boda. Yo deseaba decirle al mundo que me había casado», dice Ana, que trabaja de limpiadora y es todo entusiasmo.

15 años de novios

«Estoy como flotando desde la boda. Me gusta decir ‘mi marido’», dice divertida. Ana y Luisma, que tienen una relación estable desde hace quince años, tuvieron que pasar una evaluación forense y entrevistarse con el juez, que autorizó el matrimonio. «Nos queremos mucho, tenemos trabajo y habíamos decidido casarnos. ¡Eso dijimos al juez, qué vamos a decir!», recuerdan. «Todas las parejas tienen que acudir al juzgado para legalizar una relación. No ha sido muy diferente en su caso», cuentan las profesionales de la Fundación que se encargan de apoyarles en su día a día.

La ley les ampara. «Todas las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre de los futuros cónyuges y a decidir de manera responsable el número de hijos». Lo dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España.

Una pequeña victoria

La boda de Ana y Luisma ha sido una pequeña victoria, un paso adelante para este colectivo. Y para Futubide. Esta fundación, que ofrece tutela institucional a personas con discapacidad intelectual sin familia o que sus parientes no pueden hacerse cargo de ellos, tiene como prioridad «apoyarles para llevar sus proyectos de vida adelante», cuenta Mikel de Barrón, director gerente de la Fundación. Con ese fin trabajan para que se les reconozcan cada vez más derechos. «Hasta ahora las sentencias de los jueces incapacitaban a una persona en todos los aspectos, para vender, comprar, irse a vivir de forma independiente, casarse, votar...», detalla.

Futubide ya ha logrado en los juzgados -estos casos se llevan en la sección de Apelaciones de Tutelas e Incapacidades- que a uno de los tutelados se le restablezca el derecho a voto, que otro pueda irse de una residencia a vivir independiente en un piso alquilado y que un matrimonio de personas con discapacidad lleve adelante su divorcio.

La fundación tutelar vizcaína lucha por que las sentencias judiciales sean cada vez «más concretas» y establezcan las decisiones que una persona con estas limitaciones puede tomar libremente sin necesidad de contar con la autorización de un juez. Los juzgados vascos, de hecho, ya han emprendido este camino y emiten sentencias mucho más detalladas sobre las capacidades que se reconocen a los afectados para desarrollar su vida con la mayor normalidad posible.

Temas

Bilbao

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos