Juan Pablo no quiere ser «cómplice» del envío de armas desde el Puerto de Bilbao

Los manifestantes exigieron que desde España no se envíe «ni un arma más para atrocidades o abusos». / MAIKA SALGUERO
Los manifestantes exigieron que desde España no se envíe «ni un arma más para atrocidades o abusos». / MAIKA SALGUERO

200 activistas, entre ellos un enfermero que ha estado en Honduras o El Salvador, protestan por la venta de armamento

JOSÉ DOMÍNGUEZ GETXO.

Durante su vida profesional como enfermero asistió a muchas injusticias. «En Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras...». «Y ahora que estoy jubilado me dedico a protestar todo lo que puedo para defender los Derechos Humanos». Por eso ayer Juan Pablo Lasala atendió la llamada de Amnistía Internacional -junto a otras organizaciones como Greenpeace- y fue una voz más entre casi dos centenares de personas que bajo el lema 'No queremos ser cómplices', se concentraron en la plaza del Puente Bizkaia en Getxo para pedir al Gobierno central que «suspenda la venta ilegal de armas a países como Arabia Saudí, que luego las emplean para bombardear a la población civil de Yemen».

«Desde octubre, el Puerto de Bilbao ha sido testigo de la carga de más de 300 contenedores llenos de explosivos», desvelaba Ignacio Robles, elegido por la organización para abrir el acto por su «concienciación» en la lucha contra el tráfico de «armas ilegales». El es el bombero que el pasado 13 de marzo se negaba a participar en el Puerto de Bilbao en las labores de control de un cargamento de 26 contenedores de explosivos con destino al país arábigo. Fue recibido entre vítores y aplausos. «No fue un acto heróico ni mucho menos, sólo que comprendí que necesitaba obedecer a mis principios», confesaba. Aunque, y vista la repercusión de su acción, ayer se mostraba convencido de que «no podemos parar hasta que se prohiba este tráfico ilegal».

LOS DATOS

650
millones de euros en armas ha vendido España a Arabia Saudí desde 2015, según un informe de Greenpeace.
312
contenedores con explosivos han salido del Puerto de Bilbao en un año, calcula la organización ecologista.

Así lo consideraba también Sara del Río, responsable del grupo de desarme de Greenpeace, que recordaba que, sólo desde 2015, la venta de armas fabricadas en España y que se envían a países como Arabia Saudí ha generado 650 millones de euros. Aunque podrían ser «muchos más porque la ley de secretos oficiales permite al Consejo de Ministros ocultar toda la información sobre estas exportaciones, que se siguen realizando a pesar de que España ratificó tratados europeos e internacionales contra esta práctica».

A su juicio, la excusa del Gobierno central de que estas ventas se realizan con garantías «no es real». «Arabia Saudí alega que los explosivos que compran no salen de su territorio nacional, pero lo cierto es que la coalición militar liderada por este país masacra a Yemen con 30 bombardeos diarios, y no diferencia entre objetivos militares, mercados, hospitales o población civil», denunció Sara del Río.

«Reprimenda» europea

El bilbaíno Michel Santos, también consideraba urgente y necesaria la movilización social para frenar «estos abusos». Tras varios años en paro y sin posibilidad de ayudar económicamente a las organizaciones humanitarias, «he podido volverme a hacer socio de Amnistía Internacional porque quiero ayudar todo lo que pueda».

Modestas aportaciones como la de este vecino de Bilbao -de Olabeaga, concretamente- empiezan a imprimir un cambio de actitud en la sociedad que, a juicio de Ignacio Robles, debe llegar cuanto antes a los gobiernos. «Algunos ya se están apreciando», remarcó tras recordar la «reprimenda» que el pasado miércoles el Parlamento Europeo lanzó a sus países miembros, a los que «exigió de nuevo un mayor control en la venta de armas e incluso amenazó con sancionar a los que, como España, siguen incumpliendo estas resoluciones».

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