El Ayuntamiento de Bilbao se muestra abierto a «revisar los protocolos» que aplica a los menores problemáticos

Agentes de la Ertzaintza custodian el traslado de los cuerpos del matrimonio asesinado en Otxarkoaga./E. C.
Agentes de la Ertzaintza custodian el traslado de los cuerpos del matrimonio asesinado en Otxarkoaga. / E. C.

El concejal Iñigo Pombo apela a la confidencialidad para no confirmar la alerta emitida en 2012 sobre uno de los menores implicados en el doble crimen de Otxarkoaga

MARTÍN IBARROLA

El concejal de Acción Social, Iñigo Pombo, ha comparecido esta mañana a petición del PP para explicar la alarma emitida en 2012 sobre uno de los supuesto autores materiales del asesinato del matrimonio de octogenarios de Otxarkoaga. Como ya adelantó este periódico, los servicios sociales redactaron un informe en el que alertaban de las graves carencias y la desestructuración social que sufría el chico, que entonces tenía 9 años, y aconsejaban tomar medidas más contundentes para aliviar los problemas de integración. Pombo no ha querido «ni confirmar ni desmentir esta información periodística» y ha insistido en la importancia de «proteger la confidencialidad de este caso». «Por ley, el interés superior del menor siempre debe primar en cualquier actuación administrativa y jurídica que se realice sobre él».

El concejal ha pedido no usar «niños como armas políticas» y ha advertido del peligro de dejarse llevar por «el calentón» y olvidar que «nuestra justicia no es vengativa, sino terapéutica». Una postura aplaudida por Bildu, Udalberrri y Goazen. El edil popular, Oscar Fernández Monroy, ha lamentado que el matrimonio de Otxarkoaga «haya tenido que pagar las consecuencias del fracaso de las políticas de base». A lo que el responsable del área ha respondido con la enumeración de la dotación para los servicios sociales sociales de infancia. 58 trabajadores, 11 coordinadores, 23 auxiliares administrativos 71 educadores sociales, 15 psicólogos y 11 mediadores del absentismo laboral.

No obstante, Pombo ha reconocido un «desbordamiento» del sector y se ha mostrado abierto a «revisar los protocolos y los métodos usados». «Hay un espacio informal que se escapa de los expertos donde el menor pasa muchas horas, como la escuela, el tiempo libre, las cuadrillas... A veces los niños llegan muy dañados y es difícil trabajar con ellos».

Todos los grupos de la oposición, salvo el PP, han rechazado el motivo de la comisión, ya que había «riesgo de vulnerar el derecho a la intimidad del menor» y se ha pedido no «juzgar en el Ayuntamiento de Bilbao unos hechos que todavía no han salido de los tribunales». Los populares ha criticado el «oscurantismo» del equipo de Gobierno, «que se escuda en la protección de datos para no hablar de los fallos en el sistema».

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