La legislación fiscal, laboral y contable desincentiva el crecimiento de las empresas

Hay un denominador común en todos los análisis que se hacen sobre la estructura empresarial en el País Vasco, aunque la fotografía vale también para el conjunto de España. Necesitamos tener más empresas grandes. De esas cuya dimensión permite abordar con una cierta soltura los procesos de internacionalización, también los grandes retos de innovación, la proyección de carreras profesionales de alto nivel e incluso la mejora en las condiciones laborales. Porque todos los estudios indican, además, que las grandes empresas son las que mejores salarios pagan.

Pero eso forma parte de los deseos y de los planes estratégicos de la Administración el Gobierno vasco ha incluido la necesidad de ganar tamaño empresarial en sus cuatro últimos planes industriales, con escaso éxito por cierto, porque la legislación juega en contra. Pasar de 9 a 10 empleados es un salto, sobrepasar los 50 un trauma e ir más allá de los 250 casi una osadía. La posibilidad de pasar olímpicamente de las auditorías, formular cuentas abreviadas; no estar obligado a confrontar con un comité ni a contabilizar horas sindicales pagadas por la empresa; aplicar tipos impositivos más bajos; disfrutar algunas deducciones jugosas o incluso de la exención total de algunos tributos, como sucede con el Impuesto de Actividades Económicas, es un privilegio de las empresas pequeñas y como mucho de las medianas.

«La maldición del empleado 50» opina José Ramón Mínguez, socio de la firma Barrilero y Asociados y experto en legislación laboral «no responde a caprichos empresariales, ni a conductas capitalistas del pasado. El empresario, por definición, tiene vocación de crecimiento, pero debemos entender que hay que generar un cierto clima de equilibrio. Hay que fomentar desde todos los ámbitos que dicho crecimiento se produzca en términos de razonabilidad». Y no es algo privativo del País Vasco ni de España, sino un problema aparentemente generalizado. «Creo que esta es una patología que se está reproduciendo en la gran mayoría de los países desarrollados, probablemente como reacción a las grandes industrias que surgieron con las revoluciones industriales de la cuenca del Rhur, en Alemania, y en la Inglaterra de Beveridge», concluye Mínguez.

En Euskadi, tan sólo 274 empresas tienen más de 250 trabajadores y si bajamos el listón hasta 50 empleados el número tampoco impresiona: apenas 1.844 superan esa cifra, que marca una de las barreras importantes en materia de exigencias legales. En el Reino Unido o Alemania la estructura es bien diferente. El 46% y el 37% del empleo de ambos países, respectivamente, se concentra en empresas grandes, con más de 250 empleados cada una. Esa tasa en el caso de Euskadi desciende hasta el 30%. Nos falta tamaño para competir con quienes son la referencia, especialmente en la industria.

«No creo que las dificultades legales sean un problema para las empresas que realmente han llegado a la conclusión de que ganar tamaño es para ellas una oportunidad o una necesidad estratégica. Éstas yo creo que ni se lo plantean. Pero esos saltos que impone la normativa sí tienen un peso importante para las que tienen un crecimiento natural, las que van poco a poco», admite Francisco Javier Azpiazu, secretario general de la patronal vizcaína Cebek. Quizá por ello, no es difícil encontrar a empresarios que han preferido desarrollar diez empresas de nueve empleados cada una en vez de una de 90, pese a que todas ellas se dediquen más o menos al mismo sector de actividad. Las diferencias, con el Boletín Oficial en la mano, son importantes.

Y menos ayudas

«Hay trabas para las empresas grandes señala Eduardo Arechaga, secretario general de la patronal vasca, Confebask incluso en el acceso a ayudas públicas. Salvo las que están relacionadas con I+D, las empresas de más de 250 trabajadores no pueden acceder a ellas, por una prohibición expresa del Unión Europea. Si a estas dificultades le añadimos las propias, las que tienen que ver con razones culturales, de control de la strategia y en definitiva del poder, hay que concluir que la posibilidad de incentivar las fusiones es limitada».

Pero existe también un sentimiento un tanto esquizofrénico en torno a este tema. Antonio Garamendi, vicepresidente de la CEOE y presidente de la organización patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, admite la existencia de esos saltos legislativos que para muchos empresarios pueden suponer «un desincentivo para crecer», pero asegura que es algo que convive con «la sensación de que se legisla pensando en la gran empresa, generando importantes problemas a las que no lo son. Uno de los ejemplos apunta es la implantación del sistema de información inmediata del IVA». El tamaño, siempre importa.

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