La juez deniega actuaciones pedidas por la acusación popular en el 'caso Kutxabank'

La acción popular está liderada por el sindicato LAB y de la misma forman parte organizaciones como ESK, STEEILAS, el sindicato de transportistas Hiru, la Asociación de Pensionistas Martxan Bizkaia y la Organización Vasca de Consumidores y usuarios, EKA/OCUV. Están representados en este proceso por la abogada Jone Goirizelaia, que fue la que remitió un escrito a finales del pasado mes de junio al Juzgado, para solicitar varios informes y también la comparecencia de un nuevo testigo.

En concreto, Goirizelaia había pedido que testificase en el juzgado la responsable de los servicios jurídicos de Kutxabank, Irantzu Irastorza. También, que se remitiese el informe elaborado por este departamento sobre el caso, así como un informe externo que el banco pidió a la firma Garrigues.

En el auto que se conoció ayer, la magistrada Ana Isabel Álvarez da a entender que estas actuaciones no son claves para esclarecer los detalles del caso. Así, aclara que el procedimiento que se sigue pretende averiguar las circunstancias que rodearon la contratación de Cabieces por parte de Kutxabank, los abonos periódicos que recibió y, sobre todo, si a cambio de ello existía "la contraprestación adecuada a dichos pagos". Así, la titular del juzgado recuerda que «la instrucción tiene que ser sumaria, ágil y abarcar exclusivamente los elementos de investigación esenciales", para dejar a un lado lo que pueden considerarse como "diligencias inútiles y no conducentes a este fin". Los informes que la acción popular reclamaba no contienen pruebas esclarecedoras del caso, sino -de acuerdo con el testimonio prestado por la presidenta de la comisión de auditoría del banco, María Victoria Mendia-, tan sólo valoraciones jurídicas sobre la forma en que debía proceder la entidad, ante la sospecha de que se podían haber cometido irregularidades.

Hasta el momento, sin embargo, Kutxabank no ha podido presentar ante el juzgado una prueba contundente para sostener su denuncia inicial, en la que se daba por supuesto que Cabieces cobró pero no trabajó. Por el contrario, Rafael Alcorta, el responsable del despacho de abogados que instrumentó la contratación del exdelegado del Gobierno, declaró que el trabajo de Cabieces fue satisfactorio.