El Correo
Antolín Goya.
Antolín Goya. / JUAN J. MONZO

Los estibadores suspenden su huelga al aplazar el Gobierno la reforma

  • El Ejecutivo abortó su plan tras constatar que carecía de apoyos parlamentarios para sacar adelante la nueva regulación

El conflicto abierto en el sector de la estiba, que se dedica a la carga y descarga de mercancía en los puertos, vio ayer un pequeño atisbo de luz. El Gobierno anunció que «está dispuesto a retrasar» una semana su polémico decreto ley para modificar la regulación de esta actividad, una medida «impuesta» por los tribunales europeos. Eso sí, Fomento puso antes dos condiciones para no llevar su plan al Consejo de Ministros hasta el próximo día 24: que los sindicatos y la patronal «se sienten a negociar en el marco de la negociación colectiva»; y que «se desconvoquen» las tres jornadas de huelga anunciadas para el 20, el 22 y el 24 de este mes.

Los agentes sociales recogieron el guante y mostraron, «de nuevo», su disposición al diálogo. Y como «gesto de buena voluntad», la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), central mayoritaria en el sector, aceptó anular temporalmente los paros. «Nuestro interés es llegar a un acuerdo y lo vamos a intentar hasta el final», apuntó su secretario general, Antolín Goya. Insistió en que están dispuestos incluso a renunciar a su petición más controvertida y considerada una «línea roja» por el ministerio a ojos de Bruselas: la creación de un registro profesional de estibadores.

Eso sí, a cambio quieren que la liberalización pretendida por la UE sea progresiva y se alargue hasta, por ejemplo, 15 años como ha ocurrido en Francia –lo que permitiría jubilar antes o prejubilar a buena parte de las plantillas actuales– en vez de los tres que contempla el Gobierno en su decreto. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias (Asneco) señaló que agotará la vía de negociación «para que pueda culminar con éxito el inevitable proceso de adaptación».

El problema es que aunque rechazan varios puntos de la reforma, una vez aprobada por el Parlamento sí querrían que entrara en vigor cuanto antes y, además, que no hubiera prórrogas para los operadores actuales a fin de no quedar en «desigualdad competitiva» ante los nuevos. Piden, además, que el Ministerio de Empleo actúe de mediador en las conversaciones con los sindicatos.

El titular de Fomento, Iñigo de la Serna, dijo que trata de recabar un respaldo mayoritario en el Congreso a su decreto, pero evitó hablar de los reparos que ha recibido. Y es que Ciudadanos le pidió retrasar una semana más su reforma para «dar oportunidad a que se alcance una solución pactada». Desde el PSOE se manifestaron en un sentido parecido, mientras Podemos mostró su rechazo por suponer «un ERE encubierto pagado con fondos públicos».

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