Arranca el juicio contra los tres acusados del 'caso Kutxabank'

Hoy, en la audiencia de Bilbao, se ha iniciado el juicio oral en el que los magistrados analizarán este caso, en el que además de Mario Fernández están procesados el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta.

Petición de ayuda

El retrato de lo ocurrido, a diferencia de lo que sucede en otros procesos judiciales, está bastante claro, aunque hay matices sobre los que existen serias discrepancias. En las cuestiones fundamentales hay pocas dudas, entre otras cosas porque el propio expresidente de Kutxabank lo contó en un comunicado público en el que, lejos de ocultar lo sucedido, relató los pormenores con extrema crudeza, asumió la responsabilidad, defendió las decisiones que había tomado y rechazó cualquier intención de dañar a la entidad financiera. A esas alturas, incluso, ya había entregado al banco un cheque por 243.592 euros de una cuenta personal, cantidad en la que el banco había valorado los pagos totales realizados a Cabieces, «porque no puedo tolerar que se ponga en duda mi compromiso con Kutxabank o que se haga la más mínima insinuación de que he ocasionado un quebranto», aclararía más tarde.

A principios de 2012 y apenas unas semanas después de que se materializase la fusión de BBK, Kutxa y Vital, Mario Fernández recibió la llamada de un destacado dirigente del Partido Popular -más tarde reforzada por otra de un no menos destacado líder socialista- que le pidió su colaboración para la reincorporación de Mikel Cabieces a la actividad de abogado. Los nombres de ambos políticos no han sido desvelados. Una ley no escrita, como la definiría más tarde Mario Fernández, llevaba a los sucesivos gobiernos a facilitar una salida a quienes habían ejercido la función de delegados del Ejecutivo central en Euskadi. En buena parte de los casos, ocupando una plaza en la embajada de España en Lisboa. Ese fue el destino del socialista Paulino Luesma y del popular Enrique Villar, ambos ya fallecidos. Cabieces, que había sido cesado tras la victoria de Mariano Rajoy a finales de 2011, recibió el mismo ofrecimiento, pero el tratamiento contra el cáncer al que estaba sometida su esposa en aquellos momentos en el País Vasco le llevaron a rechazar la propuesta. Cabieces quería volver a ejercer como abogado laboralista en Bizkaia, profesión que había abandonado dos décadas antes para entrar en política y ser alcalde de la localidad vizcaína de Portugalete. «¿Puedes hacer algo para ayudarle?», le indicó el dirigente popular. «Haz algo para ayudarle», le pidieron también desde la dirección del PSE.

En sus declaraciones en la instrucción del proceso, Mario Fernández asegura que vio la oportunidad de atender la petición y de hacerlo compatible con una necesidad del banco. Hacía ya tiempo que Rafael Alcorta, el abogado que actuaba como apoyo externo en materia laboral, había reclamado un aumento de la iguala mensual que le abonaba la entidad, establecida en esos momentos en 7.500 euros. Alcorta, uno de los laboralistas más prestigiosos de la capital vizcaína -antiguo letrado del sindicato ELA- había pedido con insistencia el incremento. Lo que había comenzado como un trabajo para BBK -con una plantilla de unos 2.000 empleados-, se había convertido fruto de las fusiones y de la aquisición de CajaSur en otro bien diferente, para una empresa tres veces más grande. Los pleitos en materia laboral de la entidad habían crecido de forma exponencial. Mario Fernández decidió que Cabieces se incorporaría al equipo de Alcorta y aumentaría para ello la igual mensual en 5.700 euros, dinero que iría destinado a remunerar al exdelegado del Gobierno. Además, Alcorta se debía comprometer a «reciclar» profesionalmente a Cabieces. Eso sí, el antiguo político «no debía tener visibilidad externa en representación del banco».

¿Trabajó o no? Era la cuestión

Un comentario crítico y de pasillo de Alcorta al director de Recursos Humanos de Kutxabank, Fernando López de Eguilaz, apenas dos meses después de iniciada esa relación, es la base de todo este lío. «Éste está muy verde, cree que sabe más que nadie y no atiende mis indicaciones», consta en los autos como queja de Alcorta referida a Cabieces. Y esa queja, casi tres años más tarde, trasladada por López de Eguilaz al nuevo presidente del banco, Gregorio Villalabeitia, fue la mecha que encendió el procedimiento judicial. Nadie -ni siquiera el PNV, que fue quien le nombró- ha llegado a entender todavía las razones reales que llevaron al nuevo presidente a impulsar este procedimiento, cuando la relación entre Cabieces y Kutxabank se había zanjado y liquidado semanas antes de llegar él al cargo. «Hicimos lo que teníamos que hacer», ha dicho en alguna de las escasas ocasiones en las que ha aceptado hablar sobre el asunto. Primero fue el encargo de un informe interno al servicio de auditoría, en el que se recogían los pagos, las circunstancias de la contratación de Cabieces y la sospecha elevada a la categoría de convicción de que se había cometido una irregularidad: todo apuntaba a que Cabieces había cobrado, pero no trabajado. O, dicho de otra forma, que Kutxabank pagó 5.700 euros mensuales durante casi tres años por nada.

Villalabeita uso primero sus sospechas en conocimiento del Banco de España y más tarde del Banco Central Europeo; y fue el supervisor quien le indicó que si creía apreciar indicios de un delito, estaba obligado a ponerlo en manos de la Fiscalía. Así lo hizo, a pesar de que más tarde el banco decidiría no personarse en la causa, dándose por satisfecho con la denuncia. ¿Existe administración desleal cuando el administrado no ejerce la acusación? ¿Es suficiente con la acusación de la Fiscalía y de la iniciativa popular, auspiciada por un grupo de organizaciones de la izquierda abertzale en el que participan LAB y ESK? Es una de las primeras cosas que deberán decidir los magistrados, incluso antes de pasar a la fase testifical de la vista oral, que comenzará el martes 14 de febrero.

Pero, ¿trabajó realmente Cabieces a cambio de lo que cobraba? Alcorta y otros dos abogados del despacho han testificado que sí y de forma satisfactoria, tras esa primera fase de «desencuentro». Incluso, la Fiscalía y magistrados de la Audiencia -que han intervenido ya en la resolución de algunos recursos previos- han abandonado esa vía para sostener la acusación. La Fiscalía, que asume que Cabieces pudo efectivamente trabajar en asuntos jurídicos de Kutxabank, estima ahora que, en todo caso, cobraba demasiado para lo que parece que hacía. La Audiencia, en el auto de un recurso, ha llegado a señalar que tampoco hay que fijarse demasiado en ello, porque incluso el pago de un euro hubiese sido excesivo. La cuestión relevante según los magistrados es que la contratación de Cabieces resultaba «innecesaria» para el banco, de ahí que cualquier dinero gastado en remunerarle se pueda considerar como una mala administración de la entidad financiera.

¿Fue un delito enchufar a Mikel Cabieces como asesor jurídico externo de Kutxabank? El camino para resolver esa duda comienza hoy, aunque todo apunta, y así lo estiman al menos un buen número de fuentes jurídicas, que el asunto acabará en las manos del Tribunal Supremo.