El bono social deja sin protección a 22.600 usuarios en un año

Cada vez más familias tienen problemas para afrontar la factura de la luz. Y cada vez menos ciudadanos se pueden beneficiar del bono social, la única medida que existe en España para mitigar el gasto en electricidad. En un año, los titulares de electricidad que han disfrutado de esta ayuda se han reducido en 22.600 personas, y por primera vez desde 2009, ya protege a menos de 2,5 millones de hogares, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Esta cifra contrasta con que el número de hogares que gastan más de un 10% de sus presupuestos en luz ha aumentado un 34% en los dos últimos años. Y unos siete millones de personas tienen dificultades para abonar estos recibos, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).

El bono social se puso en marcha en 2009, cuando la crisis comenzaba a afectar a las economías domésticas, que no podían pagar la luz. Consiste en una bonificación del 25% del consumo. Aunque, en el conjunto de la factura, el bono social apenas afecta a un 6% del total, en el mejor de los casos. En 2013, el Gobierno modificó los requisitos para acogerse a esta medida.

Hasta septiembre del año pasado, había aumentado un 36% el número de desempleados que se pueden acoger a esta medida -uno de los grupos con derecho a ello-; también las familias numerosas habían engrosado estas listas un 15%; al igual que los pensionistas, cuyo crecimiento se situó en el 1,5% con respecto a 2013. Sin embargo, ha disminuido drásticamente el número de titulares de luz que se venían beneficiando del anterior bono de 2009 -se han reducido un 6%-; y sobre todo, ya han salido de este sistema un 25% de los consumidores que tenían contratados menos de tres kilovatios de potencia -el máximo legal exigido por el bono- en los últimos cinco años. Se trata de la potencia básica con la que una utilización intensiva de aparatos, sobre todo en invierno, provoca numerosas interrupciones.

El problema del bono social es que «no todos los supuestos que plantea la ley responden, ni mucho menos, a una situación de vulnerabilidad», explica José Luis López, miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales. Aunque el Gobierno no está dispuesto, por ahora, a modificar la cobertura del bono social, en la UE ya están dando los primeros pasos para definir un modelo común de ayudas al abrigo de la unión energética.

Más apoyo fuera

El caso de España es singular frente a las medidas que se han adoptado en los últimos años en muchos países vecinos con medidas de apoyo a los ciudadanos. Alberto Martín Rivals, socio responsable de Energía de KPMG, recuerda que las directivas europeas «exigen a los estados que dispongan de mecanismos de protección para los consumidores energéticos más vulnerables, pero no existe una definición homogénea» de este tipo de familias. «Tampoco hay homogeneidad a la hora de establecer ayudas».

La medida que más se ha implantado en Europa aún no ha llegado a España: las restricciones al corte en el suministro. Hasta 16 países fijan límites para que las compañías no puedan suspender el uso de la luz a determinadas familias, aun en casos de impago. «En otros nueve países se sufragan los costes energéticos y en ocho se facilitan tarifas especiales», indica Alberto Martín Rivals.