Condenado a diez años un funcionario de la Hacienda vizcaína por revelar secretos

Condenado a diez años un funcionario de la Hacienda vizcaína por revelar secretos

Pertenecía a una rama de la trama 'Pitiusa', en la que había implicados detectives, empresarios y policías por traficar con información confidencial

Ainhoa De las Heras
AINHOA DE LAS HERAS

Fernando María I.G., funcionario del Departamento de Hacienda de la Diputación foral vizcaína, ha sido condenado a diez años y medio de cárcel por tres delitos de revelación de secretos de contribuyentes a una trama que actuaba en toda España y que suministraba la información a agencias de detectives y a empresas que elaboraban dosieres empresariales. El empleado foral ha sido absuelto del delito de cohecho al no quedar probado que cobró 3.700 euros por conseguir información confidencial al menos en dos ocasiones, el 26 de junio de 2006 y entre enero y noviembre de 2011, como le acusaba la Fiscalía, que pedía para él 61 años por 12 delitos.

La sentencia, que va a ser recurrida, ha sido dictada por la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona. Otros dos funcionarios de la Agencia Tributaria también deberán cumplir penas de 10 años por el mismo delito, y de 10 años y seis meses una mujer, a la que se acusaba de inducirles a vender información confidencial. Siete acusados más han quedado absueltos.

180 imputados

Los hechos enjuiciados son una ramificación de la 'operación Pitiusa', una extensa red de detectives, policías y empresarios acusados de traficar con datos secretos, que inició su actividad en 2012 y que cuenta con una docena de procesos judiciales abiertos y cerca de 180 imputados.

El Departamento de Hacienda de Bizkaia suspendió de empleo y sueldo a este funcionario en febrero de 2017, aunque las sospechas sobre su comportamiento eran incluso anteriores a que fuera detenido por la Policía Nacional y se incautase de la documentación de su ordenador en 2012. Con anterioridad se le había abierto un expediente. El proceso administrativo, sin embargo, quedó paralizado después de que se tuviera conocimiento de su procesamiento en la vía penal.

Según la sentencia, el principal acusado de la red, Juan Antonio R.M., que falleció, se puso en contacto con los trabajadores públicos y les ofreció dinero a cambio de recibir datos.

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