El desembarco del rey de las licencias Uber en Bizkaia pone contra las cuerdas al sector del taxi

Taxistas del aeropuerto esperan su turno para coger a clientes en la terminal diseñada por Santiago Calatrava. /IGNACIO PÉREZ
Taxistas del aeropuerto esperan su turno para coger a clientes en la terminal diseñada por Santiago Calatrava. / IGNACIO PÉREZ

El empresario Juan Ortigüela logra dos sentencias favorables a la tramitación de 146 permisos de coche de alquiler con chófer en Bizkaia. El Supremo tendrá la última palabra

Josu García
JOSU GARCÍA

Juan Ortigüela es uno de los empresarios más discretos de España. No acostumbra a acudir a actos públicos. Apenas hay fotografías suyas, pese a que ostenta cargos en 127 sociedades, según consta en el Registro Mercantil. Este madrileño está considerado el rey de las licencias de Vehículo Turismo con Conductor (VTC). En los últimos años ha obtenido centenares de estos permisos, que legitiman a estos coches a recorrer las calles de ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga. Este tipo de autorizaciones administrativas son las que están permitiendo a compañías de base tecnológica, como Uber o Cabify, florecer en el país. Para los taxistas son, simple y llanamente, el demonio. Las ‘cucarachas’, como les llaman despectivamente, les está robando la clientela mediante «una competencia desleal», denuncian. Y consideran a Ortigüela el enemigo público número 1, ya que parte de su negocio consiste en traspasar por cifras astronómicas (se habla que hasta por 100.000 euros) las tarjetas que arranca a las administraciones a golpe de sentencia, después de abonar una tasa oficial que suele rondar los 30 euros.

Un despacho de abogados londinense representa al dueño de Ares Capital frente a la Diputación letrado de prestigio

Hasta la fecha, en Bizkaia se han concedido 29 autorizaciones de este tipo. La mayoría de ellas son utilizadas por extaxistas que abandonaron su modo tradicional de trabajar para atender a clientes fijos que ya tenían con anterioridad, sin seguir «las rígidas reglas del sector». Ni Uber ni Cabify han podido entrar en el territorio. Hasta ahora. Ortigüela inició hace dos años una guerra judicial contra la Diputación y está a punto de ganarla. Su victoria supondría abrir el melón de las licencias VTC en la provincia.

El precedente de Madrid

El empresario, a través de la mercantil Ares Capital, ha solicitado 150 permisos. La institución foral le ha otorgado sólo cuatro y le ha denegado los 146 restantes, porque entiende que el cupo que supuestamente fija la ley (29) está ya cubierto. Sin embargo, ha obtenido dos fallos judiciales favorables a sus intereses, según ha podido saber ELCORREO. El caso acaba de llegar al Supremo. El mes pasado, la última instancia judicial admitió estudiarlo. En realidad, el contencioso se añade a una larga lista de litigios que Ortigüela y otros empresarios mantienen con administraciones autonómicas de toda España. Hace tres días, el Supremo dictó su primera resolución. Falló en contra de la Comunidad de Madrid y le obligó a desbloquear 80 licencias en la capital.

La clave

29
licencias VTC funcionan, a día de hoy, en Bizkaia. La Diputación no concede más permisos al entender que el sector está saturado. Alude a una limitación de una VTC por cada 30 taxis. Este veto es lo que los tribunales han tumbado por ahora, aunque se está pendiente de una sentencia firme.

Para librar su enfrentamiento contra los servicios jurídicos forales, el rey de las licencias VTC ha contratado a uno de los abogados más prestigiosos de España: José Luis Zamarro Parra. El letrado trabaja para el despacho Clifford Chance, cuya sede central se halla en Londres. «No hablo de mis pleitos ni de mis clientes y con esto no quiero decir que Ortigüela lo sea», afirma, cortante, en conversación telefónica.

Lo cierto es que Zamarro Parra figura como el representante legal de la empresa de Ortigüela en las dos sentencias favorables a las que ha tenido acceso este diario. Su estrategia ante los magistrados ha sido efectiva y se ha basado en sacar a la luz las contradicciones contenidas en la maraña de leyes que las distintas administraciones han ido aprobando y derogando, con el objetivo de frenar el fenómeno de las licencias VTC.

El primer contencioso que Ares Capital interpone contra la Diputación llega a los órganos de Justicia a finales de 2015, en concreto al Tribunal Superior del País Vasco. La institución foral se opuso a la concesión de las primeras 50 licencias por varios motivos. Los dos más importantes:que la compañía solicitante carecía de un domicilio en Bizkaia y que existía un supuesto cupo ya alcanzado.

Los jueces rechazaron estos argumentos. Entienden que no existe «una limitación cuantitativa» para el funcionamiento de las VTC o, al menos, que no estaba en vigor cuando se solicitaron los permisos. Un posicionamiento que volvieron a mantener en el siguiente litigio, cuya sentencia llegó el pasado diciembre. Ahora, el caso está en el Supremo, que tendrá la última palabra.

«El tiro de gracia»

En esta batalla legal, además, han aparecido a última hora nuevos actores. Una empresa domiciliada en Derio ha judicializado también la negativa de la Diputación a conceder una decena de licencias VTC en Etxebarri. Y el gremio del taxi tradicional, a través de la Federación Vasca, se ha personado en varios contenciosos como parte afectada. El sector en Euskadi está intentando aunar fuerzas y reunir dinero para plantar cara a empresarios como Ortigüela. La preocupación en el sector es máxima ante lo que pueda decidir el Supremo. Una resolución que anule el límite que en la práctica aplican las administraciones supondría «el tiro de gracia» para una profesión que se enfrenta a una crisis y una competencia sin precedentes.

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