El Gobierno vasco investiga el primer alquiler turístico de VPO a través de Airbnb

Imagen de una urbanización en Sopela. /Pedro Urresti
Imagen de una urbanización en Sopela. / Pedro Urresti

Detectado en Sopela gracias a la denuncia de un vecino, su dueño se enfrenta a dos sanciones de hasta 40.000 euros

TERRY BASTERRA

Localidad costera, bien comunicada y con dos de las playas más frecuentadas de Bizkaia tanto por bañistas, durante los meses de verano, como por surfistas, estos últimos a lo largo de todo el año. Estas son algunas de las características de Sopela, el municipio en el que el Gobierno vasco ha detectado la primera Vivienda de Protección Oficial de Euskadi ofrecida para su alquiler a través de la conocida plataforma de internet Airbnb.

El Departamento de Vivienda tiene abierto un procedimiento investigador para aclarar la cuestión. Al beneficiario de esta VPO construida en régimen de cooperativa en el sector de Abaro, junto a la carretera que conduce a Plentzia y muy bien ubicada para acceder a los arenales, se le acusa de dos infracciones graves. La primera, no haber vivido nunca este apartamento cuyas llaves se entregaron en 2016; la segunda, haberla puesto en alquiler. Ambas cuestiones están tipificadas como incumplimientos graves en el artículo 84 de la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo vasco el 26 de junio de 2015. Por cada una de estas irregularidades el Departamento de Vivienda puede imponer al propietario del piso sanciones que van de los 3.001 a los 20.000 euros.

El Gobierno vasco tuvo conocimiento de esta infracción gracias a una denuncia anónima realizada por un vecino. Se puso en marcha el pertinente proceso de investigación y detectaron que, efectivamente, esta vivienda se ofrecía para su alquiler turístico en Airbnb. El precio de la habitación era de 40 euros la noche. El expediente permanece abierto y el propietario del inmueble puede presentar las alegaciones que estime oportuno.

Fuentes del Departamento comentaban ayer que es la primera vez que sus inspectores se encuentran una VPO de Euskadi anunciada a través de este conocido portal turístico, un hecho que no dejó de causarles cierta sorpresa por la visibilidad que se da a un apartamento al publicarlo en internet acompañado de fotografías. La oferta del piso ya ha sido retirada de esta web.

El de Sopela es uno de los 2.248 expedientes de investigación que ha abierto el Departamento de Vivienda desde 2004, año en el que inició su andadura el servicio de inspección. De ellos, 1.354 casos se han resuelto con la imposición de una sanción económica. En total el Gobierno vasco ha ingresado por esta vía 2,9 millones de euros. El importe medio de las multas aplicadas ha sido de 2.182 euros por infractor.

Grueso de sanciones

Tres son los motivos que concentran la totalidad de las investigaciones: que los propietarios de la VPO no la hayan ocupado nunca, que no vivan en ella de forma permanente y que la alquilen. El primero de los escenarios suma el grueso de las sanciones impuestas con 612 casos, por 342 el segundo y 261 dueños multados al ofrecer sus pisos protegidos para su arrendamiento.

Álava es con 923 el territorio que reúne mayor número de expedientes sancionadores abiertos –no todos acaban en multa–, seguido de Bizkaia (792) y Gipuzkoa (533). Desde el Gobierno vasco explican que esta situación se debe a que, aunque Álava es la provincia menos poblada, es en la que más VPO se ha edificado debido a la mayor disponibilidad de suelo.

Por contra, Bizkaia es, con 1,3 millones, donde más se ha recaudado por las multas al detectarse un mayor número de infracciones graves. Desde Lakua se destaca la labor que hacen los vecinos. Gracias a las denuncias anónimas que interponen tienen conocimiento de numerosas irregularidades. Y destacan la especial gravedad este tipo de infracciones se produzcan en unas viviendas destinadas a personas con pocos recursos y levantadas con dinero público.

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