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Martes, 24 de abril 2018, 00:44
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N. P. A., de 52 años, empleada de una asociación, ha sido condenada a catorce meses de prisión y multa de seis meses con una cuota de ocho euros diarios (1.280 euros), por un delito continuado de falsificación de documento oficial en cursos para parados en un centro de formación de Otxarkoaga. Según la sentencia del juzgado de instrucción número 5 de Bilbao a la que ha tenido acceso este periódico, esta mujer, que ejercía labores administrativas y de gestión, «simuló la firma de algunos de los asistentes a dichos cursos», de forma que aumentaba así el grupo «para no perder las subvenciones» que concedía Lanbide. Este tipo de ayudas se suelen ofrecer a partir de un número superior a nueve alumnos.
En concreto, le han imputado el delito por dos de los cuatro cursos afectados, que se impartieron entre diciembre de 2016 y mayo de 2017. Los módulos llevaban por título: Experto en Herramientas de Diseño PROE, MS Dynamics CRM, Dynamics NAV y Experto en Catia, y se impartían en el centro formativo de Otxarkoaga, que se desvinculó totalmente del caso y devolvió las subvenciones de los cursos, que ascendían a 204.399 euros.
Fue un perceptor de la RGI quien destapó la estafa cuando acudió a inscribirse en uno de estos cursos y comprobó, con sorpresa, que su nombre ya figuraba. El hombre presentó una denuncia ante la Ertzaintza por usurpación de identidad, que ha culminado en esta sentencia. La coordinadora fue llamada a declarar y se confesó «responsable única de las firmas irregulares que se recogen para controlar la asistencia del alumnado a clase», según indicaron entonces desde el centro formativo, además de mostrar su «arrepentimiento». También fue despedida por la empresa que la había contratado.
El Ministerio fiscal solicitaba para la acusada una pena de 21 meses de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de ocho euros. Las acusaciones particulares, que ejercían Lanbide y un afectado, llegaron a un acuerdo de conformidad con la petición del fiscal, lo que supuso una rebaja en un tercio de la petición de pena. En este caso se daban las condiciones para que fuera el mismo instructor de la causa quien juzgara los hechos en un juicio rápido.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, llegó a comparecer en el Parlamento vasco para dar explicaciones sobre la supuesta estafa a Lanbide con cursos ficticios. Según Artolazabal, un técnico de Lanbide se presentó el 6 de febrero de 2017 en el centro y comprobó que había seis alumnos en clase. Cuando comprobó la lista de asistencia correspondiente a ese día, encontró, sin embargo, diez nombres. Constató también que aunque el denunciante no se encontraba allí, sí aparecía su firma. La consejera circunscribió el fraude en la formación a estos únicos cuatro cursos en el centro de Otxarkoaga y valoró que «funcionaron los controles de Lanbide».
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