Bilbao revisa sus multas 'antibotellón'

Un policía municipal charla con un grupo de jóvenes en una calle de Bilbao.
Un policía municipal charla con un grupo de jóvenes en una calle de Bilbao. / Bernardo Corral

Una directriz municipal ordena sancionar solo a quienes pueden «causar molestias» por beber en la calle tras una sentencia que ha anulado la denuncia a una joven

DAVID S. OLABARRI

El relato de los hechos es vago e impreciso, contiene meras suposiciones y con esa descripción fáctica se podría considerar que tres madres dando de merendar a sus hijos en el parque o tres trabajadores almorzando estarían infringiendo la Ordenanza de Espacio Público».

Lo que acaba de leer es la esencia de la sentencia judicial que ha anulado la multa de 200 euros impuesta a una joven vizcaína por hacer botellón. Un fallo judicial que, desde una perspectiva más amplia, ha supuesto un varapalo a la forma en la que la Policía Municipal de Bilbao venía poniendo hasta ahora las sanciones por infracción de la Ordenanza de Espacio Público.

Lo que dice la ordenanza 'antibotellón'

Artículo 17.1 de la Ordenanza del Espacio Público. Se entiende como «práctica del botellón» el consumo de bebidas preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar situaciones de insalubridad. Esta práctica queda prohibida en los espacios públicos de Bilbao.

Se trata de un asunto de notable importancia si se tienen en cuenta tres factores: uno, que el Consistorio de la capital vizcaína puso el pasado año 530 sanciones de estas características a menores de 26 años. Dos, que el botellón, una actividad duramente criticada por las asociaciones de hosteleros, congrega cada fin de semana a cientos de jóvenes en zonas tan variadas como Pozas, las escaleras de Isozaki, Mazarredo y los alrededores de la sala Mao de Zorrozaurre. Y, tres, que los propios servicios jurídicos municipales se han visto obligados a emitir una circular interna dirigida a la Guardia Urbana en la que advierten, punto por punto, de cómo se debe proceder a la hora de imponer este tipo de sanciones. El escrito del subdirector jurídico administrativo, Javier Aguirrezabal Arredondo, pone el acento en que para multar no es suficiente con que las bebidas que se están consumiendo en la calle no procedan de un local de hostelería, sino que, además de constatar este requisito, los agentes deben hacer también referencia en los expedientes a la «posibilidad de causar molestias» a los vecinos. También se explica que las papeletas de sanción deberán cumplimentarse «en el mismo momento de la actuación policial», con el objetivo de no perder su «presunción de veracidad». Es decir, «no basta con identificar a los practicantes y advertirles que serán denunciados», añade la circular.

Un portavoz del Ayuntamiento de Bilbao declaró a este periódico que no quieren «entrar» a valorar el fallo judicial. Entre otras razones, porque, según precisa, otras resoluciones de los tribunales por multas similares les han dado la razón. Pero sí admitó la existencia de la circular interna dirigida a revisar la forma en la que se están poniendo las sanciones.

De hecho, fuentes de la Policía Municipal reconocieron que esta ha sido hasta ahora la forma habitual de aplicar la ordenanza, con independencia de que muchos agentes no compartiesen las directrices. «Hemos puesto muchas multas por botellón cerca de pabellones industriales en los que no hay vecinos y, por tanto, no se les puede molestar, simplemente por beber botellas de cerveza o kalimotxo comprados en tiendas y supermercados. Por la misma regla de tres, también se podría sancionar a la gente que se congrega tomando algo en calles como Ledesma o García Rivero. Ellos también estarían incumpliendo uno de los requisitos de la Ordenanza de Espacio Público porque molestan a los vecinos aunque sus bebidas hayan sido adquiridas en bares. Necesitamos seguridad en nuestro trabajo», advierten fuentes de la Policía local.

Presunción de veracidad

La sentencia que ha cuestionado de una forma general la forma de aplicar las multas ‘antibotellón’ tiene su origen en una sanción impuesta en diciembre de 2015 a una joven bilbaína, cuando estaba en la calle Licenciado Poza con dos amigas tomando una cerveza sin alcohol y un aquarius. Según se explica en la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao -contra la que no cabe recurso ordinario-, los agentes tomaron nota de sus identificaciones y les informaron sobre la ordenanza municipal.

Pero «sorpresivamente» la sanción no le fue notificada hasta tres meses después. Los agentes justificaron que «no suelen» entregar la denuncia en ese momento por la «afluencia de gente» en estos espacios. Pero la jueza señala que esa circunstancia no impidió a los policías «recabar sus datos» y añade que podrían haber subsanado esta deficiencia simplemente entregándole una copia del «boletín de denuncia estandarizada». La sentencia, que además impone el pago de las costas judiciales al Ayuntamiento, insiste en que este hecho generó «indefensión» jurídica a la joven ya que le privó de la posibilidad de recabar tickets de compra de las bebidas o testimonios que «pudieran refutar la versión de los agentes».

Esta deficiencia a la hora de imponer la sanción se añade al hecho de que no se aludiese a la «procedencia de las bebidas», ya que el instructor simplemente se limitó a señalar que no habían sido adquiridas en un local de hostelería. Sin embargo, la jueza considera que el lugar de la compra no es lo más importante, ya que falta el «requisito fundamental». Esto es, que estuvieran causando o pudieran causar problemas, deterioro en el entorno o situaciones de insalubridad. «No se puede concebir como práctica de botellón que tres amigas estén tomando en la calle una cerveza y otra un aquarius», remarca el fallo.

El hecho de que no estuvieran causando problemas lleva a la jueza a estimar el recurso por «falta de tipicidad» de la conducta. Pero además insiste en que la tardanza a la hora de notificar la multa «no es excusa» y hace «dudar de la fiabilidad de su contenido». Sobre todo, si se tiene en cuenta la «gran cantidad de datos diferentes, atribuidos a gran cantidad de personas», que los agentes hubieron de «retener en la memoria a lo largo del tiempo», lo que hace que la «presunción de veracidad» del acta no tenga la «consistencia necesaria» y no pueda prevalecer sobre la versión de la joven, avalada además por la declaración de sus dos amigas: ambas afirmaron que eran ellas las que consumían las bebidas, no la sancionada.

Tampoco tiene «valor incriminatorio alguno», insiste el fallo, la aportación durante el juicio oral de unas fotografías de un supermercado que está en la zona de Pozas. Básicamente, porque sirve para insinuar que la joven pudo haber adquirido las bebidas allí, pero también pudo haberlas comprado «en cualquiera de las decenas de bares que hay en esa calle, aunque no se hayan aportado fotografías». Se trata de insinuaciones que no tienen «trascendencia probatoria» porque ni en la denuncia ni en la resolución impugnada se hizo mención a ese citado supermercado, concluye el dictamen.

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