La batalla legal por la OTA de Bilbao llega al Supremo y siembra dudas sobre su futuro

El servicio se sigue prestando con total normalidad./JORDI ALEMANY
El servicio se sigue prestando con total normalidad. / JORDI ALEMANY

La firma que tiene ahora el contrato recurre ante el alto tribunal la sentencia que da la razón a su competidora y al Ayuntamiento

Luis López
LUIS LÓPEZ

Este viernes era un día señalado en rojo porque se cumplía el plazo para que las empresas que ahora gestionan la OTA de Bilbao, Eysa y Cycasa, ejerciesen su derecho de acudir al Tribunal Supremo para mantenerse como prestadoras del servicio. Han apurado los tiempos y, finalmente, lo han hecho. Quieren seguir al frente. Esto, además, prolonga la incertidumbre en una historia en la que median desavenencias, fuertes sanciones y está en juego un contrato de 55,7 millones para cuatro años. Y ocurre en un momento fundamental, a punto de presentarse el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que la gestión del aparcamiento en la calle es una variable esencial.

La película es bastante enrevesada y arranca en 2016, cuando tuvo lugar el concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar la OTA. Entonces, los técnicos municipales consideraron que la mejor opción era la de Gertek, que venía haciéndose cargo del servicio desde 2002. Pero Eysa y Cycasa, que habían quedado en segundo lugar, recurrieron al Órgano de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC). Y este organismo, dependiente del Departamento de Economía y Hacienda, les dio la razón. Es decir, enmendó la plana al Consistorio. El punto de conflicto era la interpretación sobre la resistencia a la humedad de los aparatos de cada firma.

Como las resoluciones del OARC son ejecutivas, Eysa y Cycasa se hicieron cargo del servicio en aquel momento, pese a que quedaba abierta la vía judicial. A ella se encomendó Gertek y el Ayuntamiento de Bilbao, que había visto cómo el órgano del Gobierno vasco desacreditaba a sus técnicos.

«Frente al intrusismo, el sector del taxi luchará con más calidad»

«Frente al intrusismo, el sector del taxi va luchar con más calidad», dijo ayer el concejal de Movilidad, Alfonso Gil, durante la presentación del proyecto de nueva 'Ordenanza municipal de transporte público de viajeras y viajeros en automóviles de turismo'. Resumiendo, la ordenanza del taxi en Bilbao. El documento, elaborado codo con codo con los profesionales del sector, prevé que desde 2020 no se concederá licencia alguna a vehículos que no sean eléctricos (ahora hay quince) o 'Eco'. Y a partir de 2030 no podrá rodar ninguno que no entre en estas categorías. Además, se ha modernizado el logo que identificará a estos vehículos, el modo en el que porten publicidad, y el conductor estará identificado con foto a la vista y con la licencia también visible para el cliente.

El siguiente capítulo llegó el pasado 27 de marzo, día en el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón al Consistorio y a Gertek, como adelantó este periódico. Es decir, la adjudicación municipal inicial era la buena.

Aquella resolución era recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Comenzaron a correr los plazos, hubo aclaraciones de sentencia, todas las partes se miraban unas a otras sin saber qué ocurriría... Hasta ayer, cuando al fin Eysa y Cycasa, sobre la campana, acudieron ante el alto tribunal. «Se trata de un recurso muy técnico», aclara José Antonio Sobrino, gerente de la UTE. Ahora, el Supremo deberá decidir si lo admite a trámite. En caso de hacerlo, la incertidumbre se prolongará aún más, durante meses.

Potentes penalizaciones

¿Qué pasa con el servicio? Alfonso Gil, concejal socialista de Movilidad, asegura que se sigue prestando con normalidad, y así seguirá. «Hay que esperar a que la sentencia sea firme; de momento, estamos en contacto con las dos empresas», aclara. Hay varias posibilidades: que el Supremo no admita el recurso a trámite; que pese a ello Gertek no pida la ejecución de sentencia porque a estas alturas ya no quiera saber nada del asunto; que sí lo haga y que haya una transición convulsa; que el Supremo entre en el asunto y la incertidumbre se prolongue durante meses...

Paso a paso

55,7
millones de euros es el coste del contrato en juego, que tiene como objeto gestionar la OTA durante cuatro años.
Un tira y afloja
En primera instancia, el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Gertek; luego, la OARC, del Gobierno vasco, se lo dio a Eysa y Cycasa; a continuación, el Tribunal Superior del País Vasco apoyó las pretensiones de Gertek; y ahora, será el Supremo el que termine decidiendo si admite el recurso de Eysa a trámite.
Relación conflictiva
El Ayuntamiento ha sancionado a Eysa y Cycasa durante 2017 con 162.000 euros por distintos tipos de incumplimientos. En lo que va de 2018 la firma sigue acumulando penalizaciones.

Hay que tener en cuenta que el escenario está bastante agitado. El cambio de manos hace ya casi año y medio entre Gertek y la UTE formada por Eysa y Cycasa no fue pacífico. Luego, durante 2017, esta última no cumplió con uno de sus compromisos: entregar en agosto el centro de control a la empresa pública municipal Cimubisa. Eso le ha hecho acumular sanciones de 70.077 euros el año pasado. Y más de 90.000 por otros incumplimientos en vigilancia y recaudación, según fuentes municipales. En total, 162.000. A lo largo de 2018 las multas por no entregar el centro de control se siguen generando, y en cuantías muy superiores. Por no hablar de la huelga que sumió la OTA en el caos más de un mes.

En este escenario tan incierto, Gertek no se pronuncia en relación a si le sigue interesando el contrato, si pedirá la ejecución de sentencia... Y, de fondo, están las posibles responsabilidades patrimoniales que se generen en caso de que haya finalmente un cambio de manos: Gertek podría pedir el lucro cesante, lo que ha dejado de ganar en todo este tiempo; y Eysa y Cycasa un resarcimiento por las inversiones realizadas en balde.

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