Atrapados en un callejón sin salida

Victoria Frontela, a la izquierda, junto a María Josefa Gutiérrez, Hilario García Río y Teodoro Arnal Quiroga. / Antonio 'Sane'

Los afectados por las sentencias de derribo, muchos de ellos vizcaínos, conviven con el miedo permanente a la ejecución

CONSUELO DE LA PEÑA

Hace más de dos décadas que viven bajo la amenaza perenne de la piqueta sobre sus casas, que compraron de buena fe y con todos los parabienes. Es una condena a cadena perpetua. Fueron víctimas de lo que los ecologistas denominaron la «mediterranización de Cantabria», una escalada urbanística despiadada en suelo sensible que dejó 621 viviendas ilegales en Argoños, Arnuero, Liencres, Miengo y Escalante, aunque la mayor parte de ellas (449) legalizables.

Las familias propietarias, muchas de ellas vizcaínas, viven atrapadas entre los jueces, que insisten en hacer valer lo que dijeron antaño en sus sentencias, y los sucesivos Gobiernos de todo signo político, que han intentado solucionar el problema con ideas más o menos imaginativas, pero sin poner dinero sobre la mesa. Hacer frente a las responsabilidades de las administraciones públicas por las sentencias de derribo cuesta más de 65 millones.

Los afectados, desconcertados en un principio, se unieron en torno a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que ha sido su tabla de salvación. Todos los meses de julio, desde hace trece años, marchan hasta Santander para reclamar a la Administración soluciones definitivas. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de sufrimiento, pero también de lucha titánica. La gran tragedia es que se van muriendo. Ya se cuentan 78 fallecimientos.

Teodoro Arnal Quiroga. 70 años. Vecino de Argoños. «Soy un ciudadano de segunda, sin derechos»

Hace 20 años, Teodoro reunió a su mujer y a sus dos hijos y decidieron comprar una vivienda donde pasar los veranos. Todos iban a aportar. «Prescindimos de un montón de vicios y lujos. Yo, de cazar, mi pasión». Gracias a un amigo constructor, que «me engañó», pusieron el ojo en Argoños, y ahí empezó su calvario. Allí hay 255 viviendas con sentencia de demolición, una por cada siete habitantes. Tras pasar por varias vicisitudes en la ejecución de la urbanización, al año de entrar en el chalé «nos dijeron que nos tiraban la casa. Esto ha roto la familia, que lo vivió muy mal. Con el tiempo nos vamos adaptando, pero es una situación que nos sigue doliendo mucho». Una enfermedad prejubiló a Teodoro hace quince años y desde entonces vive en Argoños. «Tuve que vender la casa de Bilbao y pasé de tener una segunda vivienda a no tener nada, porque esta casa no es mía. No la puedo vender, no puedo hacer nada con ella. Ni siquiera sé de quién es. Y lo más insidioso de todo es que cuando la derriben, podrán volver a edificar otra en el mismo lugar. Es de locos, a mí me despachan de una casa que compré de buena fe y con todos los parabienes, y, después de fastidiarme durante veinte años, levantarán otra igual. Soy un ciudadano de segunda, sin derechos», se lamenta, tras acusar de esta situación por igual a «jueces, políticos y administraciones». Sus nietos eran «ratillas que iban en silla cuando llegaron al pueblo y ahora ya tienen novia. Tengo la esperanza de poder ver una solución, pero también albergo mis dudas. Ha muerto ya mucha gente. Es una situación que no se la deseo a nadie. Los jueces tienen que protegerme a mí, que compré con todo en regla, que para eso les estoy pagando el sueldo, a ellos y a los políticos. Pero lejos de hacerlo, me quitan la casa. Me encantaría que los miembros del tribunal vivieran mi situación, que fueran a su casa y se la tiren, sería un placer», zanja.

Su caso: Urbanización Las Llamas I (Argoños). El Ayuntamiento es el responsable en solitario de la licencia ilegal. Como no tiene dinero, el Gobierno le prestará 487.000 euros para que indemnice a los afectados.

Hilario García Río. 67 años. Vecino de Bilbao. «Esto me ha robado horas de sueño y días de vida»

Hilario es un histórico de las marchas de AMA hasta Santander para reivindicar una solución definitiva al Gobierno. Como Teodoro, está jubilado y, como la mayor parte de los afectados, vive la situación como una condena. Casado y con una hija, «al año de hacer las escrituras nos enteramos de que las casas estaban denunciadas. La noticia cayó como losa en la familia. Mi esposa y mi hija llegaron a tener depresión las dos. Salíamos de Bilbao para venir a Argoños y en el coche comentábamos: ‘igual llegamos y nos han tirado ya la casa’. Esa incertidumbre te mata poco a poco». Dice Hilario que era tal el desconcierto que no sabían «por dónde tirar, ni qué hacer», así que cuando se formó AMA respiraron. A Hilario le gustaría pintar la casa y hacer arreglos, pero «para qué, si a lo mejor me la tiran la semana que viene». Los momentos más duros han sido «cuando llegaba un auto de derribo, entonces no dormía en toda la noche. Este asunto me ha quitado muchas horas de sueño y posiblemente días de vida, porque te va minando poco a poco». Por eso, lo tiene claro. «Si me dieran el dinero de la indemnización por la casa, posiblemente no me quede en Argoños», porque en este municipio de la comarca de Trasmiera tiene «muchos y buenos amigos, pero también hay mucho sufrimiento y la única forma de zanjarlo sería cambiar de pueblo».

Su caso: Urbanización Las Llamas I (Argoños). 19 chalés que pueden ser legalizables también con el nuevo planeamiento urbanístico. Sus dueños no han recibido todavía la indemnización por daños morales.

Victoria Frontela Villanueva. 65 años. Vecina de Barakaldo. «Estamos en un sinvivir continuo»

Tal vez el oficio de pastelera, que está a punto de dejar en manos de su hijo, ha hecho que Victoria, a sus 65 años, vea la vida de forma más almibarada. «Hace unos años le dije a mi marido: Juan, que esto no nos lleve a una depresión. Él es más sentido y todo esto lo lleva mal. Hace dos años tuvo un cáncer y yo creo que es el problema de la casa. Pero yo paso de todo», dice la risueña Victoria, tan arraigada en su casa ‘ilegal’ de Argoños, que es la que lleva la urbanización en invierno. Si falta una luz, allí está ella para dar la voz de alarma. «Yo me enteré por el periódico de que la urbanización tenía una sentencia de derribo. Fue una conmoción y desde entonces ha sido un sinvivir continuo, pero nunca nos planteamos dejar Argoños, aunque mis hijos no se han arraigado aquí por la amenaza de la piqueta». No dice nada nuevo cuando arremete contra políticos y jueces, porque la voz de los afectados es unánime a la hora de responsabilizar a ambos colectivos de su sufrimiento. «Hemos tenido que ahorrar mucho para comprar una casa que era legal y somos totalmente ajenos a la problemática urbanística, por eso no tienen derecho a hacernos tanto daño. Mi marido ha pintado la casa por dentro poco a poco, pero se te quitan las ganas de hacer nada...para qué vas a comprar un sofá nuevo si no sabes cuándo van a venir». No obstante, echa mano de su sentimiento positivo de la vida y se muestra «convencida de que nos van a dar más caña pero, gracias a AMA, no nos van a tirar las casas».

Su caso: Urbanización Las Llamas II (Argoños). Hay 22 casas, de las que once son legalizables con el nuevo plan urbanístico, pero el resto no. Victoría ha recibido 9.000 euros de indemnización por daños morales.

María Josefa Gutiérrez Canales. 81 años. Vecina de Bilbao «Hemos jugado y hemos perdido, así me lo tomé»

Cuando salió de Riva de Ruesga para vivir en Bilbao con su madre viuda y sus cuatro hermanos era una tímida adolescente, que se sonrojaba cuando la mandaban a comprar un real de perejil. Hoy, con 81 años, María José, «soltera gracias a Dios», sueña con ver solucionado el conflicto de los derribos, pero «con todas las mentiras que nos han contado los sucesivos presidentes... Nos han mentido y nos han engañado todos. Ahora sólo pido a los políticos que no mientan más, que nos digan la verdad, sea buena, mala o regular». A pesar de los avatares, esta correosa mujer, exempleada de Telefónica en Bilbao, mira a su «preciosa casa» de Argoños con los ojos de la fe y por eso cree que va a ser indultada de la piqueta.

Gracias a sus orígenes cántabros, María José conocía bien la zona oriental de Cantabria y con el paso del tiempo y una posición económica holgada empezó a acariciar el sueño de regresar a su tierra en la jubilación. Una familiar le habló de la urbanización proyectada en Argoños, y vio colmados sus deseos. Corría el año 1997 y depositó medio millón de pesetas para reservar una vivienda. Después de pasar por varios episodios con el constructor, María José tuvo su casa, amplia, «de tres habitaciones para no compartir alcoba», y fue feliz. Pero diez años después, regresaba de unas vacaciones en París y cuando llegó al chalé se encontró a sus hermanos «con caras mustias. Pensé que era porque el viento había tirado alguna teja al suelo. En eso, mi hermana se mete en casa y sale con una sentencia de derribo. ¡Qué vamos a hacer!, me dije. Hemos jugado y hemos perdido, así me lo tomé», cuenta, despojada ya de aquella vergüenza primeriza. Pero ese mismo año «murió mi hermana, que fue la promotora de que yo comprara ahí una casita con terreno para la familia. Se sintió tan mal que le dio un ictus. Igual no tuvo nada que ver, pero creo que sí porque estaba todo el día diciendo que la culpa había sido suya». María José sabe que le quedan «cuatro telediarios» y aún confía en «ver solucionado el conflicto. Tantas veces han dicho que la van a tirar...», suspira.

Su caso: Urbanización La Llana I (Argoños). 99 viviendas que serían legalizables con el nuevo Plan de Ordenación de las Marismas de Santoña. Han sido indemnizados con 9.000 euros por daños morales.

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