«Con 14 años aún podemos recuperar a estos chavales para la sociedad»

–¿Entiende la alarma social generada por los graves sucesos protagonizados por menores en Bilbao en las últimas semanas?

– Claro que comprendo que intranquilice a la gente por la juventud de los autores. Afecta y mucho a la tranquilidad social.

– ¿Qué se puede hacer con niños de 13 y 14 años implicados en homicidios y con historial de robos violentos? ¿Podrán recuperarse para la sociedad?

– Hay que intentarlo, lo que no podemos es mirar a otro lado y dejar que sigan en esta espiral, lleguen a los 18 años y sean derivados a la cárcel, alegando que la legislación de menores no hace nada. No podemos caer en ese pensamiento derrotista. Hay que ser muy conscientes de las dificultades de tutelar a chicos con esta conflictividad y cargas de violencia.

– ¿Hay soluciones?

– Estudiar los problemas de fondo que afectan a estos chicos. Por los hechos delictivos que presuntamente han cometido se ha fijado una medida cautelar, que supone una grave limitación de derechos, como es el internamiento en centro cerrado con la finalidad de tratar de intervenir. Los equipos técnicos deben detectar lo que ocurre en su entorno familiar y social para que las instituciones dispongan de toda la información. Otra cosa es que seamos ineficaces porque los propios chicos rechacen la ayuda.

– Con dos asesinatos sobre los hombros con sólo 14 años, ¿podrán reinsertarse?

– Por la corta edad que tienen, aún estamos a tiempo, es posible y las autoridades sociales y judiciales debemos intentar esa recuperación. Si las medidas que se aplican, como el ingreso en un centro de protección, son rechazadas y se hace imposible el control, hay que acelerar la vista oral e imponer el internamiento.

– ¿Las penas que contempla la legislación del menor son suficientes?

– Son internamientos largos, de seis y ocho años, incluso puede llegar a más dependiendo de las edades y los casos. Con cada chaval habrá que establecer un plan individualizado. Puede que con 18 años haya que replantearse qué hacer con ellos. El juez de menores deberá decidir si le envía a un centro penitenciario, o si se ha ido acomodando a las medidas para la rehabilitación y resocialización y puede ser introducido de nuevo en el ámbito social. No hay una garantía de éxito, pero lo mismo ocurre en los delincuentes adultos con las penas privativas de libertad cuando se intenta su reinserción social.

– Proceden de familias desestructuradas, tienen antecedentes delictivos, fracaso escolar... Han estado tutelados por la Diputación, pero se escapan una y otra vez de los centros. ¿Cuál es el problema de fondo?

– No hay uno único, sino un conjunto de ellos. El entorno social y familiar son factores que influyen y cuando se concentra todo en un chico o en varios se desata un auténtico cóctel explosivo. No hay soluciones mágicas ni puntuales.

– Y como sociedad, ¿qué acciones podemos adoptar?

– El aumento de la presencia policial que ha anunciado el alcalde Aburto me parece una medida adecuada, porque si se ha detectado en Otxarkoaga la presencia de chicos dedicados al robo, con eso lo solucionaremos puntualmente. Aunque va a seguir el problema de base, las carencias del barrio, en el ámbito educativo... En cuanto a la protección, las entidades públicas tendrán que ver si los recursos son los adecuados y si hay otros más eficaces, si el nivel de inversión es el necesario. Tiene que suponer un aldabonazo que nos diga "señores, pónganse las pilas". Ahora, soluciones únicas no hay.

– ¿Es cierto que la Fiscalía pidió el internamiento de uno de estos jóvenes por un robo violento y el juez lo rechazó tras consultar a la Diputación, que consideraba que tenía los medios para controlarlo?

– No debemos entrar en asuntos concretos. El pronóstico que realiza un equipo técnico, tras valorar un conjunto de circunstancias, es falible y puede haber hecho una apreciación que no se ajusta a la realidad del chico. Habrá que perfilar mejor a los profesionales que actúan y los instrumentos que necesitan para detectar aquello que han pasado por alto en este caso.

– ¿Asume que la Fiscalía haya fallado también?

– Creo que la Fiscalía ha actuado correctamente. Los criterios que manejó se contrastaron con un informe técnico que no ha respondido a la realidad o que no detectó todos los problemas. Se puede analizar si la actuación fue correcta, dentro del marco legal, porque además está sometida a un control judicial. Hay que ver si podemos adelantarnos para que nuestras peticiones tengan mayor peso o convenzan y que se intensifique ese acopio de información.

– ¿Ha ordenado a los fiscales de Bilbao intensificar las visitas a centros de menores?

– He recomendado a los fiscales que por la situación de intranquilidad conviene una revisión, también como forma de cercanía a los centros, que están muy al día y pendientes de esos chicos concretos.

– ¿Tienen suficientes medios?

– Nunca son suficientes. En Bilbao sólo hay tres fiscales que se dedican a menores, aunque son pocos en todo el Estado. En Madrid, con seis millones de habitantes, hay nueve fiscales para reforma y tres para protección. Llevan la instrucción de todos los hechos penales protagonizados por menores, lo que consume muchos recursos. Debemos disponer de más personal y apoyo si queremos ser más eficaces.

– ¿Qué responsabilidad tienen los padres?

– Mucha, los padres tenemos que educar, la educación inicial se da en casa. Han surgido nuevos modelos de familia y se ha producido un deterioro convivencial, pero sigue siendo el núcleo donde se asientan los principios básicos de tolerancia en la persona y en muchas familias no se pueden ofrecer por rupturas o violencia intrafamiliar. Esos progenitores han delegado pensando "ya lo harán en los centros". Son chicos con una forma de vida marcada por el capricho personal, lo inmediato, sin esfuerzo. Sí, los padres tenemos culpa.