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La Diputación suspende ahora al funcionario de la Hacienda de Bizkaia procesado por vender datos

Oficinas de la Hacienda de la Diputación de Bizkaia.
Oficinas de la Hacienda de la Diputación de Bizkaia. / EL CORREO
  • El empleado foral fue investigado en 2012 sin que se encontrara ningún dato sospechoso y este año fue procesado por la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, que pide para él 61 años de cárcel, sin que se le apartase nunca del cargo

El funcionario del servicio de Hacienda de la Diputación de Bizkaia para el que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona pide 61 años de prisión por vender datos de contribuyentes a una trama de detectives privados ha sido suspendido de funciones este martes, según ha avanzado la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, en una comparecencia en las Juntas Generales. El empleado foral, Fernando María I.G., está acusado de haber cobrado 3.850 euros por vender información privada y no había sido apartado de su cargo pese a estar investigado.

La diputada explicó que los servicios jurídicos, tras haber tenido conocimiento del procesamiento del trabajador a partir de una noticia publicada por elcorreo.com, reclamaron a la Audiencia de Barcelona los expedientes judiciales. Este expediente ha llegado a los despachos forales esta misma mañana y, según Bengoetxea, nada más examinarlos han decidido abrir un expediente disciplinario al empleado y al mismo tiempo se le ha suspendido de funciones. Según Bengoetxea, el empleado foral «está acusado de un total de doce delitos», lo que ha motivado la urgencia del procedimiento. En su explicación ante los junteros, la responsable de Administración Pública ha añadido también que en 2012 ya se le abrió un expediente al mismo empleado pero el caso se archivó «al entender que en ese momento no existían evidencias de infracción alguna». La diputada, por otra parte, ha indicado que todavía se está estudiando si la Diputación se personará en la causa como afectada. «Hay que valorarlo», ha añadido.

El empleado suspendido fue procesado dentro de la denominada 'operación Pitiusa', una serie de pesquisas que sacaron a la luz una red dirigida por un ciudadano ya fallecido que actuaba como coordinador de diversos funcionarios de todo tipo de instituciones y agencias que deseaban acceder a información privada. En la operación se detuvo a 76 personas en 2012, pero ahora se ha comenzado a actuar contra once de ellas, ya que la causa se dividió en distintos apartados. En el caso del trabajador foral, la acusación asegura que el 26 de junio de 2009 y entre enero y noviembre de 2011 consiguió datos de dos particulares. A cambio de ello, recibió 100 euros en 2009 y 3.570 durante 2011.

Críticas de la oposición

En su intervención, los partidos de la oposición han puesto en entredicho la labor de la Diputación por no haber apartado con anterioridad al funcionario y han cuestionado que en 2012 se le investigase y no se encontrase nada sospechoso pese a que la Audiencia de Barcelona asegura que un año antes ya había vendido datos de contribuyentes. En su defensa, la diputada ha señalado que no se pueden juzgar «hechos cometidos en 2012 a partir de datos que se han conseguido ahora». De la misma manera, Bengoetxea ha insistido en la entidad foral no es responsable de las irregularidades presuntamente cometidas por un funcionario. «La Diputación puso todos los medios a su alcance para que este tipo de delitos no se cometieran. Pero una vez que alguien ha perpetrado un ilícito, el autor es el único responsable». Además, Bengoetxea ha insistido en que el servicio de Hacienda dispone de mecanismos «para garantizar la protección de los datos de los contribuyentes».

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