El Correo

Piden 61 años a un funcionario de la Hacienda de Bizkaia por vender datos de contribuyentes

Fachada del edificio de la Hacienda de Bizkaia.
Fachada del edificio de la Hacienda de Bizkaia. / EL CORREO
  • El empleado cobró 3.850 euros por facilitar la información a una trama en la que también están implicados un detective de Bilbao y un guardia civil de Álava, según la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona solicita 61 años de prisión para un funcionario del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia -Fernando María I.G.- por haber vendido datos personales de los contribuyentes a una trama que actuaba en todo España y que suministraba información a agencias de detectives y a empresas que elaboran dossiers empresariales. El acusado, según el Ministerio Público, cobró 3.850 euros por suministrar los datos. También están acusado un detective privado de Bilbao Aitor G. S. -al que se le piden 35 años de prisión- y un guardia civil que estaba destinado en Álava -para el que se reclaman 20 años de cárcel.

La trama investigada en la denominada 'Operación Pitiusa' estaba dirigida por un ciudadano ya fallecido que actuaba como coordinador de diversos funcionarios de todo tipo de instituciones y agencias que deseaban acceder a información privada para elaborar dossiers a cambio de dinero. En la operación se detuvo a 76 personas en 2012 pero ahora se ha comenzado a actuar contra 11 de ellas ya que la causa se dividió en distintos apartados.

Delitos contra la intimidad

La acusación elaborada ahora por la Fiscalía afecta a los dos funcionarios que actuaban en el País Vasco y al detective privado de Bilbao. En el caso del empleado de la Hacienda vizcaína, la acusación asegura que en 26 de junio de 2006 y entre enero y noviembre de 2011 consiguió datos de dos particulares. A cambio de ello recibió 100 euros en 2009 y 3.570 durante 2011.

En el caso del detective y el guardia civil investigados, la Fiscalía asegura que el agente ofreció al investigados datos sobre vehículos privados. En el escrito de acusación, no obstante, se asegura que «no queda acreditado» que el funcionario recibiera dinero por su actividad ilícita. El texto del Ministerio Público precisa que los dos funcionarios procesados cometieron sendos delitos contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos.

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