El detenido con 46 kilos de hachís en Bilbao cobra la RGI desde hace dos años

Tras ser puesto a disposición judicial la noche del pasado viernes, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao le dejó en libertad con cargos. En caso de haber ingresado en prisión provisional, la RGI hubiera quedado suspendida, ya que al quedar interno se considera que tiene la manutención y el alojamiento cubiertos, indican fuentes conocedoras.

La decisión de la magistrada ha levantado una gran polvareda en medios policiales, que no entienden que tras ser descubierto con semejante alijo, un delincuente pueda quedar en la calle.

Según informó el Ayuntamiento de Bilbao, el presunto traficante, que cuenta con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, fue detenido por agentes de la Inspección Antidroga, que venían investigándole desde hacía unos tres meses. El arresto se produjo cuando el sospechoso se dirigía en un Audi a realizar al parecer un pase de droga. Llevaba encima un kilo y medio de cannabis y 3.000 euros en metálico. A continuación, los policías locales se dirigieron a la parcela de garaje que tenía alquilada en el barrio bilbaíno de San Adrián. Allí, dentro de un Volkswagen Golf los agentes encontraron el alijo. Estaba distribuido en planchas y envasado al vacío para que el fuerte olor no delatara el escondite.

Domicilio conocido

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que desconoce los detalles del caso, salió ayer en defensa de la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de la capital vizcaína, «veterana y que hace muy bien las cosas», y advirtió que para que un juez decida enviar a alguien a prisión provisional es necesario primero que exista una petición previa de la Fiscalía. «Puedes tener detenido a Jack, el Destripador, pero si el fiscal no pide cárcel, el juez prevaricaría si la mandase a prisión», explica de forma gráfica. Además, la legislación especifica «tres requisitos para incardinar la prisión preventiva: evitar una posible fuga, la reiteración delictiva y el riesgo de que pueda hacer desaparecer pruebas del delito». El arrestado contaba con un domicilio conocido, por lo que la jueza puede haber entendido que no existe riesgo de fuga.

El hachís no está considerado una droga dura como ocurre con la heroína o la cocaína, por lo que, pese a tratarse de una cantidad de notoria importancia, las penas serían considerablemente más bajas. El Código Penal prevé un castigo de entre dos y cinco años de cárcel para estos casos, una cuestión que también puede haber pesado en la decisión judicial.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía advierten que también hay veces en las que el juez ni siquiera da traslado al fiscal. En el caso de que la fiscal de guardia no haya tenido conocimiento de este asunto, la Fiscalía Antidroga podría plantearse recurrir la puesta en libertad.