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Declaración institucional para cobrar el IBI a la Iglesia

Miranda

Declaración institucional para cobrar el IBI a la Iglesia

El cambio legislativo, apoyado por PSOE e IU, se enviará al Congreso y a la Presidencia del Gobierno

07.06.12 - 02:19 -
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Ya es oficial. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al escrito de tres folios con el que el Ayuntamiento insta a Madrid a presentar una reforma normativa que haga posible emitir recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a nombre de la Iglesia. Con el documento que ahora va a ser remitido al Congreso y a la Presidencia, la ciudad se suma así a un movimiento del que ya participan ciudades como Sevilla, Zamora o Alcalá de Henares, entre otras.
El texto, aprobado por PSOE e IU, reclama la presentación de una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que acabe con un privilegio que tienen grupos como la Iglesia y que «no es admisible frente al esfuerzo solidario de todos los ciudadanos y ciudadanas».
Para las portavoces de las dos formaciones políticas, Aitana Hernando y Conchi Ortega, firmantes del escrito, resulta contradictorio que se pida a las corporaciones locales que suban el IBI «entre el 4% y el 10%, obligando así a incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía e instituciones», mientras las confesiones religiosas «disfrutan de exenciones totales o permanentes».
No pagan impuestos por templos y lugares de culto, pero tampoco por dependencias destinadas a actividad pastoral o religiosa, locales para oficinas, casas, conventos... Por todos ellos, las arcas municipales podrían ingresar anualmente 89.000 euros, según los datos que maneja Alcaldía. Aunque desde el departamento económico se estimaba una cuantía inferior, de alrededor de 60.000.
En total son 20 los templos que no cotizan y, en conjunto, sumarían un valor catastral superior a los 14,3 millones de euros. Pero no computan en el padrón municipal de recibos porque la Iglesia está exenta de ese pago en virtud de los acuerdos vigentes desde 1979 entre el Estado y la Santa Sede y de la Ley de Mecenazgo de 2002.
Un sistema justo
Normas legislativas que discriminan a buena parte de la sociedad, porque para que un sistema fiscal sea «justo» tiene que garantizar que todas las personas e instituciones contribuyan «al sostenimiento de los gastos públicos y a la prestación de servicios, de acuerdo con su capacidad económica».
En la exposición de motivos, PSOE e IU apuntan a la fiscalidad como «la manera más directa para garantizar la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social». Conceptos que deben garantizar las administraciones mediante «la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad».
Pero para cumplir con esta obligación es imprescindible tener dinero y la crisis económica ha provocado una bajada de ingresos. Por ello, entienden que es «indispensable la revisión urgente de la fiscalidad municipal; pero no a costa de una elevación de la presión fiscal que redunde de forma injusta en unas personas y entidades y no en otras».
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Iglesia de Santa Casilda, en el barrio de Anduva. :: A. GÓMEZ
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