El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, barajó ayer la posibilidad de que las resoluciones que el Tribunal Constitucional dicte sobre la legalización de Sortu y la aplicación de la 'doctrina Parot' ayuden a marcar «el fin» de ETA. Pueden «cambiar las cosas» respecto al final de la banda, cuya disolución «es algo a lo que todos estamos aspirando a que sea lo antes posible», señaló el representante del Ministerio Público, quien confió en que ambas sentencias se hagan públicas «pronto» y que los magistrados encargados de su redacción valoren en ellas «la nueva realidad social» existente en Euskadi tras el cese de la actividad terrorista. Calparsoro se reunirá mañana por primera vez con el nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien recalcó precisamente ayer que no ha dictado instrucción alguna sobre cómo resolver los recursos planteados por los presos de ETA a la 'doctrina Parot'.
Desde 2006, la Audiencia Nacional ha aplicado este procedimiento a 87 casos de terrorismo. En síntesis, computa los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas acumuladas por el recluso y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión. Este factor alarga en la práctica el periodo de reclusión, especialmente para aquellos terroristas que arrastran condenas de cientos o miles de años por múltiples atentados.
El Constitucional tiene sobre la mesa 62 demandas de amparo contra esa doctrina, 58 presentadas por etarras y el resto por presos comunes condenados por delitos graves. Otra veintena de reos también ha impugnado la norma, pero sus recursos todavía no han sido admitidos. La filosofía del Constitucional a la hora de afrontar esos expedientes es la misma que manifiesta Torres-Dulce. El alto tribunal se encuentra a la espera de que los magistrados responsables de dilucidar los recursos dispongan de un borrador de sentencia que pueda obtener el máximo consenso posible. Pero descarta que de ahí vaya a surgir una directriz general extensible a todos los recursos. Cada uno se estudiará individualmente, según confirmó ayer el fiscal general.
Antes de estas declaraciones, su representante en Euskadi, Javier Calparsoro, recordó en una entrevista en ETB la subsistencia aún de «un problema grave, que es el terrorismo y sus consecuencias». Pero también anunció su propósito de explicar al fiscal general que el cese de ETA permite vislumbrar «un panorama mucho mejor para la seguridad» y que la «realidad social» actual «no tiene nada que ver con la que existía hace dos años», cuando se aplicaba la 'doctrina Parot' o se ilegalizó Sortu. Los «tribunales están sujetos a la aplicación de la ley», pero «caben unos márgenes de interpretación que espero sean conformes un poco con el fin de la legalidad y las leyes: en este caso, lograr la pacificación y la reconciliación en Euskadi», concluyó Calparsoro en relación a los fallos pendientes.
La réplica de Eduardo Torres-Dulce no esperó a la reunión de mañana. Las declaraciones del fiscal vasco, señaló, «no dejan de ser opiniones respetables, pero en modo alguno representan ni la posición de la Fiscalía General ni, aún menos, la posición de la Fiscalía ante el Constitucional». También el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se refirió ayer a los recursos de los presos y dijo que respetará la decisión que tome el Constitucional, aunque entiende la «alarma social» y la «rabia generalizada» que causan estos procesos porque «repugna a la razón que etarras con graves atentados a los 15 años puedan quedar libres».
