560 millones de euros, lo que viene a ser el presupuesto de todo el Departamento foral de Acción Social, es la bolsa de fraude fiscal detectada por la Hacienda vizcaína a lo largo de 2011, una cifra significativamente superior a los 341 millones descubiertos el año anterior y que eleva a 2.300 el flujo de dinero oculto aflorado desde 2003. El diputado del área, José María Iruarrizaga, compareció ayer a petición propia ante las Juntas Generales para dar cuenta de las principales actuaciones llevadas a cabo para combatir lo que calificó como «esta lacra de la sociedad».
En su intervención, Iruarrizaga destacó los tres pilares básicos necesarios para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal: información, coordinación y actuación. A ellos sumó un cuarto elemento «imprescindible», en el que entra en juego la colaboración ciudadana. «Hacen falta nombres y datos de los defraudadores, detalles concretos para que podamos actuar», subrayó, poniendo énfasis en que «no vale con decir que hay fraude». «Hay que decir dónde y quién lo hace», y trasladarlo a la Hacienda foral. Para concienciar a la población, la Diputación retomará la campaña publicitaria ya utilizada en 2010, con el lema 'Stop al fraude', adaptándola a los datos del último año.
Un ejercicio en el que la Diputación elevó 16 informes de presuntos delitos de evasión fiscal al Ministerio fiscal. La cuantía exacta de estas posibles infracciones la determinará un juez. De la parte de los 560 millones que corresponden directamente a la gestión del Gobierno foral, Iruarrizaga aseguró que ya se ha recuperado «aproximadamente el 70%».
El diputado explicó que en 2011 adquirieron firmeza nueve sentencias de los tribunales, de las cuales siete fueron condenatorias. La cuantía fijada, en concepto de responsabilidad civil, ascendió a 2,3 millones, más 500.000 euros por intereses. Del mismo modo, el pasado año se procedió a ejecutar sentencias que adquirieron firmeza en cursos anteriores, con un importe por responsabilidad civil de 5,7 millones y otros 1,5 en concepto de intereses. Los responsables de estos delitos han sido condenados a penas de prisión que suman los 17 años.
«Elevado riesgo fiscal»
La Hacienda foral prestó especial atención a aquellas actividades profesionales encuadradas en sectores que considera de «elevado riesgo fiscal». En este caso, ha colaborado con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco para recabar información sobre 400 procuradores y 5.000 abogados. En el punto de mira del fisco vizcaíno también se han situado 415 contribuyentes que presentaban indicios de riesgo de fraude por la utilización de billetes de alta cuantía, cobros de cheque o titularidades bancarias en el extranjero.
En cuanto a las actuaciones de regularización y cobro, la Administración territorial efectuó 2.421 requerimientos a personas que no presentaron sus declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio 2009. Respecto al Impuesto de Sociedades, la revisión de los documentos de ese mismo año supuso un «ahorro» de casi ocho millones de euros. Y en relación con las solicitudes de devolución en el IVA, que es donde se esconden las mayores bolsas de fraude, se logró un ahorro fiscal de 53 millones. Asimismo, durante 2011 se declararon en concurso de acreedores 229 empresas, con deudas pendientes con Hacienda por importe de 83,9 millones.
