Los alaveses afectados por desahucios y ejecuciones hipotecarias forzosas no tendrán que abonar el impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como el de plusvalía) en situaciones de ejecución de vivienda habitual. Las Juntas Generales aprobaron ayer por unanimidad una moción con ese objetivo, pero además ya se ha presentado ante la Cámara foral una proposición para modificar la normativa fiscal.
La iniciativa fue presentada por el grupo juntero de Bildu, que registró la moción el pasado mes de diciembre en base a las recomendaciones realizadas tanto por el Síndico como por el Ararteko. Tras un debate entre los partidos, los grupos alcanzaron un acuerdo con un texto consensuado. El documento indica que las Juntas promoverán la modificación de la norma foral que regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de la Naturaleza Urbana. Este cambio se realizará en el supuesto de que «en transmisiones onerosas de los terrenos a causa de ejecuciones hipotecarias y que afecten a la enajenación de las viviendas habituales, se determine que la condición de sujeto pasivo sustituto del impuesto sea la persona física o jurídica adjudicataria del bien».
«No hay lucro»
Hasta ahora, los ayuntamientos habían decidido fraccionar el abono del tributo y alargarlo estableciendo un calendario de pagos. Si se aprueba en unos meses la modificación fiscal, las personas afectadas por el problema de la burbuja inmobiliaria verán disminuidos lo que deben abonar. Para el portavoz de Bildu, «está claro que en el caso de los desahucios las personas que los sufren no se lucran», recordó Gorka Ortiz de Guinea.
Los socialistas insistieron en que había que salvaguardar el cobro del impuesto en cualquier caso para que los ayuntamientos «no pierdan esa fuente de financiación», señaló Cristina González.
Tanto Pilar García de Salazar (PNV), como Nerea Gálvez (EB) se ñalaron que era un paso más para impedir «estas medidas injustas». El PP, aunque se mostró reticente a la moción, acabó por aprobarla «porque este Gobierno lleva tiempo estudiando medidas en ese sentido», dijo Santiago Abascal.