Los cambios que la reforma laboral, que ayer entró ya en vigor, pueda experimentar los decidirá el consenso de los políticos en el Parlamento. Pero podrían reflejar las propuestas de sindicatos y empresarios, si en el encuentro que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, mantiene hoy con las patronales y las centrales mayoritarias, por la mañana, y con las agrupaciones de autónomos, por la tarde, se abre una vía negociación. La cita es, en principio, informativa, si bien portavoces oficiales del PP han instado a «tomársela en serio». La ministra, que ha invitado a los interlocutores sociales a «superar esta crisis juntos», se ha mostrado «dispuesta a mejorar el texto con sus aportaciones», según declaraba en una entrevista publicada ayer en el diario ABC.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, insisten en que se tienen que negociar aspectos básicos del decreto-ley. Aseguran asimismo que es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien tiene en su mano el evitar llegar a una huelga general.
Pero el pulso tiene más partícipes. Los empresarios, la tercera pata del diálogo social, han expresado su satisfacción con la reforma. CEOE y Cepyme creen que es «un paso hacia adelante en el proceso que pretende llevar a la salida de la crisis y a la recuperación económica, y un instrumento que facilitará la creación de empleo». Cualquier cambio que pudiera introducirse tendrá que contar con ellos. El presidente Juan Rosell se ha mostrado dispuesto a utilizar el trámite parlamentario, y también ha querido tranquilizar a los sindicatos: la patronal respetará los términos del pacto sobre negociación colectiva.
De momento, las centrales sindicales ponen todo su empeño en no adelantar acontecimientos. Ayer, en entrevista radiofónica Fernández Toxo y Méndez admitieron que durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley «caben mejoras» desde el punto de vista de los trabajadores. Pero tampoco ocultan que incluso puede producirse «un empeoramiento» aún mayor. Si el PP, pese a que tiene la mayoría necesaria para sacar el proyecto de ley adelante, busca alianzas con otras fuerzas políticas y se endurece el tratamiento de las relaciones laborales «será la ciudadanía la que nos marque el camino», declararon los sindicalistas.
«Oír a la calle» es, en opinión de los líderes de las centrales, lo que importa ahora, y el primer termómetro que permitirá medir el rechazo o la aceptación de los cambios será la movilización del próximo domingo, 19 de febrero. Hasta entonces, consideran «imprescindible» la tarea de «hacer pedagogía» y explicar los puntos cruciales de la reforma «dentro y fuera de los centros de trabajo».
Desde el PP, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, pidió ayer «responsabilidad» a los sindicatos y les instó a no convocar protestas contra una iniciativa que, a su entender, «va a incentivar la contratación». Además, afirmó que «nadie entiende que (los sindicatos) hayan estado callados durante siete años (las dos legislaturas socialistas) viendo cómo se iba incrementando el número de parados en nuestro país hasta pasar de los cinco millones, y que hoy protesten porque sean los trabajadores y el empresario de un comercio o negocio los que puedan decidir cómo pueden salvar su futuro en vez de cerrar una empresa».
En su aseveración la dirigente popular 'olvidó' la huelga general que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010 contra el Gobierno de Zapatero después de que Bruselas impusiera al Ejecutivo español, en mayo de aquel año, los primeros drásticos ajustes, que se plasmaron en la congelación de la mayoría de las pensiones, la subida del IVA, o el recorte de sueldo a los funcionarios.
Miedo a perder influencia
En opinión de la 'número dos' del PP, las centrales sindicales se mueven por el miedo a perder capacidad de influencia, como sucederá con la aplicación de la nueva norma, y acusó a quienes la han criticado de «simplificar» sus mensajes. Así, negó que el Gobierno de Rajoy pretenda abaratar el despido. Decir eso «es demagógico, injusto y una mentira», subrayó Cospedal.
Por su parte, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, se reúne también hoy con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y se ha citado para el jueves con el presidente de CEOE, Joan Rosell, con el fin de conocer la opinión de los agentes sociales sobre esta reforma y las consecuencias que puede acarrear para el mercado de trabajo. El líder socialista, que ya ha adelantado sus críticas a los principios que inspiran los cambios, también abordará el tema con el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el encuentro que mantendrá el miércoles en La Moncloa.
Entretanto, su secretario de Organización en el PSOE, Oscar López, declaró ayer que la reforma supone «una demolición de los derechos de los trabajadores» ya que, a su juicio, «fomenta el despido en lugar de la contratación» por lo que tendrá como efecto «más paro y menos empleo».
A su juicio, la nueva redacción facilita la extinción de los contratos, permite el despido libre de los jóvenes así como la bajada de sueldos a los trabajadores «de manera unilateral con la pérdida de derechos que eso conlleva». López apuntó que la reforma «no solo no mejorará la condición de quien hoy no tiene un empleo, sino que empeorará la de quien sí lo tiene», y dijo ponerse en el lugar de «muchas familias» que verán cómo «de la noche a la mañana» a uno de sus miembros le bajan el sueldo «sin siquiera una negociación de por medio».
