La reciente intervención del ministro José Ignacio Wert, titular de la cartera de Educación, Cultura y Deporte, ante la correspondiente comisión parlamentaria delineó, punto por punto, la situación actual de nuestro sistema educativo: el lamentable lugar que España ocupa entre los miembros de la OCDE, en el vigésimo sexto puesto de 34 en el informe PISA del año 2009; los índices de fracaso escolar, con un 26% de jóvenes que no consiguen la titulación básica; el abandono temprano, con un 28,4% que no prosigue sus estudios tras la Secundaria; el alarmante porcentaje de repetidores, cifrado en el 36% de alumnos de 15 años participantes en el informe antes mencionado. Y estos son solo algunos de los datos más representativos.
El discurso ministerial fue más allá, aludiendo al hecho de que España es el octavo país de la OCDE con más gasto por alumno en la escuela pública; asimismo, la ratio de alumnos por profesor es de once, frente a la media de trece que presenta el conjunto de estados del citado organismo; y nuestros alumnos, a pesar de tener más horas lectivas, dedican menos a asignaturas como Lengua y Matemáticas.
Ante este desolador análisis de los síntomas y un nada alentador diagnóstico, llegó la hora de anunciar el tratamiento. Y, como si de un ritual ineludible de cada nuevo gobierno se tratara, el cambio de signo político comienza a proyectar sobre las aulas la sombra de una nueva reforma educativa. En este caso, entre las medidas planteadas por Wert figuran la sustitución de la tan traída y llevada Educación para la Ciudadanía por otra asignatura denominada Educación Cívica y Constitucional, la reducción de un curso en la etapa Secundaria con la ampliación a tres del Bachillerato, y la evaluación externa de los centros.
Dudas razonables
Tras el anuncio, las opiniones de asociaciones de padres y representantes sindicales del colectivo docente no se han hecho esperar, divergentes en algunos aspectos, pero coincidentes en la incertidumbre de no saber a ciencia cierta el alcance real que este enésimo cambio va a tener. Killian Cruz Dunne, representante de FAPA-Rioja, señala que la sustitución de Educación para la Ciudadanía no parece más que un intento de «quitar un santo para poner otro». Añade que su implantación, a pesar de la controversia suscitada en su momento, «obedecía a directrices emanadas de Europa . No se puede eliminar así como así, por lo que parece que se quiere adornar el cambio con una visión de tinte constitucional». Cruz Dune apunta que se reabre un debate «ya superado».
La Concapa-Rioja difiere en este apartado y su presidenta, Carmen Castells, recuerda que la asignatura que ahora se pretende sustituir «fue rechazada por el Consejo Escolar del Estado, y desde esta asociación apoyamos en todo momento a las familias objetoras». Castells considera que el nuevo Gobierno tenía que haber tomado el asunto con más valentía, «eliminando Educación para la Ciudadanía sin sustituirla por otra materia que, si bien responde mejor a lo que tenía que haber sido desde un principio, implica una pérdida de tiempo lectivo en un temario que debería impartirse de forma transversal».
En cuanto a la ampliación del Bachillerato, la presidenta de la Concapa considera plausible la medida «porque todos sabemos lo que es la Secundaria, con un cuarto curso planteado como un repaso de los tres anteriores». Castells añade que la obtención del título, «en ocasiones con dos o tres asignaturas suspensas, representa una escasa motivación para el alumno». El actual sistema tampoco entra a valorar si el expediente académico arroja una media alta o baja en sus calificaciones, ya que solo otorga el 'apto' o 'no apto', «ignorando el esfuerzo individual».
Desde la FAPA se teme que la ampliación del Bachillerato oculte la intención de concertar esta etapa educativa, «a pesar de que la escuela pública dispone de plazas suficientes para acoger a todo el alumnado». La nueva reforma tiende, según el representante de los padres, «a presuponer que un 25% de los jóvenes accederán a una formación altamente cualificada y el 75% restante se dirigirá hacia la Formación Profesional, recuperando un discurso que minusvalora esta opción y que había sido superado con Gabilondo».
A pesar de la incertidumbre, tanto la FAPA como Concapa coinciden en la necesidad de emprender un cambio, aunque Cruz Dunne hace hincapié «en las metodologías, mejorando lo que tenemos y no poniendo el énfasis en la estructura». Las asociaciones de padres ven necesaria la evaluación de los centros, mientras sirvan para detectar las carencias y actuar en consecuencia. «Siempre hemos apoyado la necesidad de incentivar al profesorado», apunta Killian Cruz, «pero esos incentivos no tienen que ser necesariamente económicos. Una evaluación transparente nos parece indispensable, lo mismo que la autonomía real de los centros, ya que cada uno es un mundo».
