Los sindicatos encuestados, si bien coinciden en la necesidad de reivindicar la figura del profesor y ver elaborado a la mayor brevedad el Estatuto del Docente, en algunos aspectos de la anunciada reforma difieren. Alicia Romero, secretaria general de FETE-UGT en La Rioja asegura tajante que la sustitución de Educación para la Ciudadanía es «un brindis al púlpito, por cuanto ya no planteaba controversia alguna y queda demostrado que no ocultaba intención de adoctrinamiento, aunque el ministro Wert insista en lo contrario».
El representante de la Federación de Enseñanza de CC OO, Mikel Bujanda, y su homólogo en ANPE, José Manuel Reinares, coinciden en lo básico con esta opinión y ambos insisten en que la cuestión «quedó saldada legalmente en el Tribunal Supremo». FE-USO, por su parte, ya dejó clara su postura en 2008, asegurando que «el Estado no puede imponer ninguna formación de la conciencia moral ni de los valores que iluminan la vida privada de los alumnos», y reclamaba «el rediseño de la asignatura de Educación para la Ciudadanía bajo sus diversas denominaciones y en sus distintos niveles, para que se imparta con unos objetivos y unos contenidos que respeten este principio».
En el apartado relativo al Bachillerato, la representante de UGT indica que su formación ya abogaba por una «flexibilización» de esta etapa «para evitar el abandono de aquellos alumnos que, por la condensación de materias en solo dos años, se muestran incapaces de asumirlo». Por ello, la ampliación a tres cursos, en principio, «no nos parece mal», aunque sí que se haga a costa de 4º de la ESO». Rojas añade la extraña situación de los alumnos que no deseen proseguir el Bachillerato y tampoco realizar la FP, «con lo que permanecen un año, obligatorio en cualquiera de las opciones, en una especie de limbo educativo».
Bujanda apunta en este cambio la intención del Gobierno de «incluir el ciclo de Bachillerato en la Enseñanza Obligatoria y poder así concertarlo». El representante de CC OO también teme que la medida perjudique a la FP, «a la que los alumnos acudirán sin el título de Secundaria, ahora obligatorio».
Financiación
José Manuel Reinares, de ANPE, se manifiesta de acuerdo con la ampliación del Bachillerato «en principio», a la espera de ver «cómo se materializa legalmente». Muestra reticencia ante la «obligatoriedad» de cursar el primer año de un ciclo que hasta ahora representaba una opción. «Hay que ver cómo se concreta esto y, sobre todo, con qué financiación va a contar». USO ya ha concertado una entrevista con responsables del Ministerio de Educación para abordar diferentes temas. Según señala la representante de la formación sindical, Sofía Medina, «la reforma del Bachillerato y el cuarto curso de la ESO es uno de ellos, sobre todo en lo relativo a las implicaciones en los centros concertados y en las plantillas de los docentes. Para todo lo que quiere hacer el Gobierno se precisa una gran financiación, algo complicado en estos tiempos».
Pero ¿cuándo va a llegar la reforma que entre 'de verdad' en el fondo de nuestro sistema educativo? Medina insiste en «la necesidad de una negociación y un consenso entre todos los implicados en la labor educativa, a través del diálogo y la confrontación entre profesionales».
